El sindicato de la construcción, Sunca, ha manifestado su rechazo a la pauta salarial propuesta por el gobierno uruguayo en la primera reunión para renovar el convenio colectivo que venció en marzo pasado. Según el sindicato, los lineamientos presentados no cumplen con sus expectativas y exigen ajustes que reflejen el crecimiento real y la inflación proyectada. Además, demandan la firma de un acta que garantice la 'ultractividad' de los derechos laborales adquiridos, lo que ha generado un estancamiento en las negociaciones.

La propuesta oficial incluye ajustes nominales semestrales diferenciados por franjas de ingresos, incorporando componentes de inflación proyectada y crecimiento real, dependiendo del cumplimiento de las metas de inflación. Sin embargo, el Sunca argumenta que este enfoque podría llevar a una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores, ya que los correctivos por inflación no compensarían las pérdidas en el bienestar durante la vigencia del acuerdo. Javier Díaz, secretario general del Sunca, enfatizó que la construcción es un sector dinámico y que los trabajadores deben participar del crecimiento económico proyectado para los próximos años.

En los últimos cinco años, la cantidad de cotizantes en el sector ha mantenido un promedio superior a 50.000, lo que indica una estabilidad en el empleo dentro de la construcción. Sin embargo, el sindicato advierte que si los ajustes salariales se basan en mediciones que ignoran las subidas bruscas de los precios de los productos básicos, esto podría resultar en una caída del poder adquisitivo. En negociaciones pasadas, el Sunca logró acuerdos que superaron la pauta del gobierno, lo que refuerza su posición en esta nueva ronda de negociaciones.

El conflicto se agrava por la postura empresarial que sostiene que, al estar el convenio vencido, los beneficios acordados en años anteriores ya no son válidos. Esta situación ha llevado al Sunca a solicitar la firma de un acta que ratifique los convenios anteriores mientras se discute el nuevo acuerdo. Sin embargo, la negativa de los empresarios a aceptar esta propuesta ha dificultado el inicio de las tratativas. La falta de un acuerdo podría llevar a un conflicto prolongado, lo que afectaría no solo a los trabajadores, sino también a la estabilidad del sector.

El contexto de estas negociaciones es complejo, ya que las cámaras de Comercio e Industria han anunciado su intención de presentar una queja ante la OIT, argumentando que las regulaciones actuales les obligan a negociar por rama de actividad. Esta situación podría tener repercusiones en la percepción internacional de Uruguay como un lugar para hacer negocios. El Sunca ha programado una asamblea para el 27 de mayo con el fin de aprobar su plataforma de negociación y definir un plan de movilización, lo que podría intensificar la presión sobre los empresarios y el gobierno en las próximas semanas.