El ministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Oddone, anunció que el Ejecutivo enviará al Parlamento proyectos de ley para reformular el sistema de transferencias a la infancia y flexibilizar la edad de jubilación. Estas reformas, que se presentarán en la Rendición de Cuentas, buscan unificar las ayudas a la infancia y ofrecer una opción de retiro anticipado, asegurando que no comprometen las cuentas públicas. Oddone enfatizó que el equipo económico no está poniendo en riesgo la sostenibilidad fiscal del país, en un contexto donde Uruguay necesita buscar US$ 6.500 millones en los mercados internacionales este año.

Oddone defendió la necesidad de estas reformas en un almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), donde se abordaron las especulaciones sobre el impacto fiscal de las medidas. El ministro calificó de "temerarias" las afirmaciones de algunos analistas que sugieren que estas reformas podrían afectar la estabilidad económica de Uruguay. En este sentido, subrayó que el país debe mantener su credibilidad en el mercado internacional, recordando que cualquier duda sobre la solvencia fiscal puede tener consecuencias reales.

Una de las propuestas clave es la creación de una causal de retiro anticipado a los 60 años con 30 años de servicio, aunque la edad de jubilación general se mantendrá en 65 años. Oddone argumentó que esta medida busca dar libertad a los individuos para decidir cuándo quieren retirarse, en lugar de imponer una edad obligatoria. Además, destacó que el 50% de la población ya trabaja más allá de los 60 años, lo que sugiere que la demanda por esta opción de retiro anticipado será limitada.

En cuanto a las transferencias a la infancia, el gobierno busca unificar un sistema actualmente disperso y con redundancias. Oddone señaló que el objetivo es garantizar que todas las familias vulnerables con niños y embarazadas reciban apoyo, con un impacto fiscal estimado de solo 0,03% del PIB para 2027. Esta medida no solo es vista como justa, sino también como una estrategia para mantener la cohesión social en el país.

Finalmente, a pesar de la revisión a la baja de la proyección de crecimiento para 2026, que pasó del 2,2% al 1,6%, Oddone aseguró que las metas fiscales estructurales se mantienen. La estabilidad fiscal se apoyará en nuevos tributos y una gestión activa del gasto público, priorizando áreas críticas como infancia y seguridad. Estas reformas se implementarán de manera progresiva hasta 2035, lo que permitirá al gobierno monitorear su impacto y ajustar según sea necesario.