El Congreso de Perú ha reactivado el debate sobre un noveno retiro de los fondos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), tras la reciente aprobación del octavo retiro. Hasta la fecha, se han presentado cinco proyectos de ley que buscan autorizar un nuevo retiro de hasta 4 UIT (Unidad Impositiva Tributaria), lo que equivale aproximadamente a 18,400 soles o 4,900 dólares. Las propuestas se fundamentan en la necesidad de aliviar el costo de vida, contrarrestar la desaceleración económica y enfrentar la precarización laboral, así como la creciente pobreza y la inseguridad alimentaria en el país.

En el contexto actual, la inflación interanual en Perú se situó en 4,01% a abril de 2026, lo que representa un leve descenso respecto al año anterior, pero aún se encuentra por encima del rango objetivo del Banco Central. A pesar de que la pobreza monetaria ha disminuido a 25,7%, este porcentaje sigue siendo 5,5 puntos porcentuales más alto que los niveles prepandemia de 2019. Este panorama plantea la pregunta de si realmente existen argumentos sólidos para justificar un noveno retiro de fondos.

Expertos como Noelia Bernal, profesora de la Universidad del Pacífico, advierten que el sistema previsional ha perdido su esencia, convirtiéndose en un mecanismo de liquidez a corto plazo en lugar de un ahorro para la jubilación. Esta transformación podría tener repercusiones significativas en la sostenibilidad del sistema a largo plazo. David Tuesta, exministro de Economía, también ha expresado su preocupación, señalando que el acceso a una pensión mínima para quienes retiren sus fondos podría trasladar la carga al Estado, generando un riesgo fiscal considerable.

Desde una perspectiva económica, aunque un noveno retiro podría generar un impulso inmediato en el consumo, el impacto sería limitado. Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, estima que el efecto positivo en el PBI podría rondar el 0,5%, dado que solo cerca del 10% de la población económicamente activa se beneficiaría de estos retiros. Además, el desembolso gradual de los fondos diluiría el estímulo a lo largo de varios meses, concentrando la mayor demanda en hogares urbanos formales.

Con la inflación ya presionada por el aumento en los costos de transporte y otros factores, un nuevo retiro podría complicar aún más la situación. Castilla advierte que, incluso si se ejecuta de manera gradual, un noveno retiro añadiría presión sobre una economía que ya enfrenta tensiones, dificultando la convergencia de la inflación hacia el rango meta proyectado por el banco central. Además, se espera que en septiembre de 2026 se implemente el libre traspaso entre la ONP y las AFP, lo que podría verse afectado negativamente si se permite un nuevo retiro de fondos.

En resumen, el debate sobre un noveno retiro de AFP en Perú se desarrolla en un contexto de inflación moderada y una economía que aún no ha recuperado completamente los niveles prepandemia. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se desarrollan estos proyectos de ley y cuál será su impacto en la economía y en el sistema previsional del país.