América Latina y el Caribe poseen un potencial hídrico significativo, concentrando cerca del 30% del agua dulce del planeta. Sin embargo, la realidad es que 232 millones de personas, aproximadamente el 35% de la población de la región, viven en áreas con estrés hídrico. Este fenómeno se agrava por la creciente frecuencia de sequías e inundaciones, que entre 2020 y 2025 generaron pérdidas económicas de 20 mil millones de dólares, cuadruplicando el promedio de las dos décadas anteriores. La situación se vuelve crítica, ya que las sequías están afectando la seguridad alimentaria y la estabilidad económica de varios países, incluyendo a Argentina y Brasil, donde la agricultura es un pilar fundamental de la economía.

El contexto global también refleja una creciente presión sobre los recursos hídricos. A nivel mundial, tres de cada cuatro personas residen en países con inseguridad hídrica, lo que resalta la necesidad urgente de optimizar la gestión del agua. En América Latina, aunque existen abundantes recursos hídricos, la mala gestión y la falta de infraestructura adecuada han llevado a que más de 145 millones de personas no tengan acceso a agua potable segura. Este problema se ve exacerbado por el hecho de que el 55% del agua utilizada se descarga sin tratamiento, lo que reduce la disponibilidad de agua limpia y afecta la salud pública y el desarrollo humano.

La situación en Perú es un reflejo de estos desafíos. Con cerca de 17 millones de personas sin acceso a agua potable segura y 12 millones de habitantes urbanos que carecen de tratamiento de aguas residuales, el país enfrenta una crisis estructural en la gestión del agua. Esta problemática no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también impacta en la productividad económica y en el desarrollo sostenible de la región. La falta de políticas efectivas y de inversión en infraestructura adecuada ha llevado a que muchos países de la región no puedan aprovechar su potencial hídrico para impulsar un crecimiento inclusivo y sostenible.

El compromiso de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) de aprobar operaciones por USD 4 mil millones entre 2023 y 2026 es un paso positivo hacia la mejora de la gestión del agua en la región. Este financiamiento, que se complementa con asistencia técnica, busca fortalecer la gobernanza del agua y garantizar servicios sostenibles. Sin embargo, para que estas iniciativas sean efectivas, es crucial que los gobiernos implementen políticas de Estado que prioricen la seguridad hídrica y promuevan inversiones en infraestructura. La capacidad institucional también debe ser fortalecida para asegurar que los recursos se utilicen de manera eficiente y equitativa.

A futuro, es fundamental monitorear la implementación de estas políticas y el impacto de las inversiones en la gestión del agua. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua de 2023 destacó la importancia de anticipar riesgos y optimizar el uso del recurso hídrico. Con el cambio climático exacerbando las condiciones de estrés hídrico, la región debe actuar con rapidez para evitar que la crisis del agua se convierta en un obstáculo insuperable para el desarrollo económico y social. La próxima reunión de la CAF en 2026 será un momento clave para evaluar el progreso y ajustar las estrategias necesarias para asegurar un futuro sostenible para América Latina y el Caribe.