Los argentinos mantienen aproximadamente USD 170.000 millones fuera del sistema bancario, una cifra que no ha cambiado significativamente desde la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal en febrero. Según un análisis de Bloomberg, los depósitos en dólares solo han aumentado en menos de USD 1.000 millones desde la entrada en vigor de esta norma, lo que se considera un resultado insuficiente para generar el crecimiento económico que el presidente Javier Milei había prometido tras años de ajustes. Este estancamiento en la movilización de ahorros hacia el sistema formal refleja una profunda desconfianza hacia el Estado y el sistema financiero, una situación que ha sido heredada de décadas de crisis, confiscaciones y devaluaciones que han marcado la historia económica del país.

La Ley de Inocencia Fiscal fue diseñada como un intento más del gobierno para incentivar a los ahorradores a depositar su dinero en cuentas bancarias en dólares. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la respuesta del mercado ha sido tibia. Bloomberg destaca que la iniciativa enfrenta serias dificultades para consolidarse, lo que pone en duda la efectividad de las políticas implementadas por el gobierno de Milei. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha tratado de transmitir un mensaje de optimismo, argumentando que el contexto actual es diferente al de crisis pasadas, pero la realidad del mercado parece contradecir esta afirmación.

En el pasado, el gobierno argentino había lanzado un esquema conocido como "neoblanqueo" en mayo de 2025, que permitía regularizar hasta USD 100.000 sin necesidad de justificar el origen de los fondos. La Ley de Inocencia Fiscal, aprobada en diciembre, representó un paso adicional en esta estrategia, pero tampoco logró movilizar la cantidad significativa de divisas que aún circulan fuera de los bancos. La falta de confianza en el sistema financiero ha sido un obstáculo persistente, y las iniciativas del gobierno no han logrado revertir esta tendencia.

La Ley de Inocencia Fiscal también introdujo cambios en la legislación sobre evasión fiscal, elevando el umbral a partir del cual la evasión se convierte en un delito penal. Esto incluye un aumento en el límite de evasión simple a 100 millones de pesos y a 1.000 millones para la evasión agravada. Además, el plazo de prescripción se redujo de cinco a tres años, lo que significa que quienes se inscriban en el Régimen Simplificado de Ganancias en los próximos meses no podrán ser investigados hasta 2029. Sin embargo, la falta de consecuencias penales automáticas por incumplimiento puede no ser suficiente para atraer a los ahorradores al sistema formal.

A futuro, es crucial observar cómo el gobierno continuará abordando la desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema financiero. Las próximas decisiones económicas y políticas, así como la evolución de la economía argentina en el contexto regional, serán determinantes para entender si se logrará movilizar parte de esos USD 170.000 millones que permanecen fuera del sistema. La situación en Brasil y otros países de la región también podría influir en la percepción de los argentinos sobre la estabilidad económica y financiera, lo que podría tener un impacto en sus decisiones de ahorro e inversión.