En un movimiento significativo dentro de la política energética argentina, el gobierno de Javier Milei ha retirado los subsidios a la electricidad para 2,1 millones de hogares y a casi 900.000 en el caso del gas natural. Esta decisión, basada en datos oficiales, ha llevado a que cerca de la mitad de los usuarios ahora paguen el costo pleno de sus boletas, un cambio drástico en un sistema que había estado caracterizado por subsidios amplios durante años. La medida es parte de un esfuerzo más amplio para reducir el gasto público, que ha incluido fuertes incrementos en las tarifas y una mejora en la producción local de energía, especialmente a través del yacimiento de Vaca Muerta.

Desde el inicio de la gestión de Milei, la reducción total de subsidios ha alcanzado más de 5.600 millones de dólares, lo que representa una caída del gasto en subsidios energéticos desde aproximadamente el 1,4% del PIB a alrededor del 0,6%. El objetivo del gobierno es llevar este porcentaje a un 0,5% para 2026. Este ajuste también se ha visto respaldado por una depuración del padrón de beneficiarios, donde se identificaron hogares que no deberían recibir asistencia, incluyendo 15.518 en barrios cerrados y 370.000 registros a nombre de personas fallecidas.

El nuevo esquema de subsidios, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), ha simplificado la segmentación de usuarios, dividiéndolos en aquellos que reciben subsidios y aquellos que no. Este cambio ha llevado a que la proporción de hogares beneficiados por subsidios caiga a un 53% en electricidad y a un 49,8% en gas, consolidando un modelo donde cada vez más usuarios deben afrontar el costo total de la energía. Este reordenamiento tarifario ha mejorado también la cobrabilidad, con una tasa de pago que ha pasado del 48% al 97% en el mismo período.

Las tarifas de energía han aumentado significativamente, impactando en el poder adquisitivo de los hogares. Por ejemplo, una factura promedio de gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires se estima en 39.309 pesos sin subsidios, en comparación con 33.987 pesos con subsidios. Esto representa un aumento considerable respecto a los precios de años anteriores. En electricidad, el costo promedio para un consumo de 250 kWh es de 46.488 pesos sin subsidios, lo que también refleja un incremento respecto a gestiones anteriores. Este aumento en los costos de servicios públicos ha contribuido a un incremento en la inflación, donde las tarifas de electricidad y gas fueron responsables de cerca del 20% del aumento del costo de vida en el primer trimestre de este año.

A futuro, es crucial observar cómo el gobierno maneja este cambio en la política energética y su impacto en la inflación y el poder adquisitivo de los hogares. La presión sobre los costos de energía podría continuar afectando la dinámica inflacionaria, especialmente si los precios de los hidrocarburos se estabilizan y se ralentizan los incrementos tarifarios. La capacidad del gobierno para mantener este nuevo esquema sin generar tensiones sociales será un aspecto clave a monitorear en los próximos meses, especialmente con la meta de alcanzar un 0,5% del PIB en subsidios para 2026.