En las últimas semanas, el precio del petróleo ha experimentado un aumento significativo, superando los US$ 100 por barril. Este incremento se ha visto impulsado por la escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz, un punto crítico para el transporte de petróleo. Entre marzo y abril, el Brent pasó de US$ 69 a más de US$ 100, lo que ha generado una alta volatilidad en el mercado energético. Para Perú, que depende en gran medida de las importaciones de combustibles, este aumento no solo afecta los costos logísticos, sino que también tiene repercusiones directas sobre la inflación y el crecimiento económico del país.

La economía peruana, que ya enfrenta desafíos estructurales, podría ver una desaceleración en su crecimiento. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), si el precio del petróleo se mantiene por encima de los US$ 100, el Producto Bruto Interno (PBI) podría desacelerarse a un 2.7% en 2026, en comparación con un crecimiento proyectado del 3.2% si el precio se estabiliza en US$ 75. La presión inflacionaria también se incrementaría, alcanzando un 3.7%, lo que representa un aumento de 1.5 puntos porcentuales, afectando especialmente los precios de los combustibles y alimentos.

Este contexto de precios altos y volátiles se produce en un entorno global marcado por la competencia geoeconómica entre grandes potencias como Estados Unidos y China. Sudamérica, y en particular Perú, ha ganado relevancia estratégica debido a su riqueza en minerales críticos como el cobre y el litio, que son esenciales para la transición energética global. El país cuenta con reservas estimadas de 81 millones de toneladas métricas de cobre, y la demanda por este mineral podría multiplicarse hacia 2040, impulsada por la electrificación de la economía y la expansión de redes eléctricas.

Sin embargo, la situación se complica por la creciente influencia de la minería ilegal y la crisis institucional que ha afectado al país en la última década. La falta de un marco regulatorio claro y la debilidad institucional pueden desalentar la inversión extranjera en sectores estratégicos. El megapuerto de Chancay, controlado en un 60% por Cosco Shipping, se presenta como un activo clave en este contexto, no solo para el comercio peruano, sino también para la política comercial de Estados Unidos y China. La inversión acumulada de China en Perú supera los US$ 31,000 millones, lo que refleja la importancia de este país en la economía peruana.

A medida que el nuevo gobierno peruano asume el poder, se enfrentará al desafío de navegar en un entorno internacional cada vez más complejo. Las decisiones sobre políticas económicas internas tendrán repercusiones geopolíticas significativas, especialmente en un contexto donde la seguridad jurídica es fundamental para atraer capitales. La competencia por minerales críticos y el control de cadenas de suministro se intensificará, y el país deberá encontrar un equilibrio entre la soberanía regulatoria y la atracción de inversión extranjera. La forma en que se manejen estas dinámicas será crucial para el futuro económico de Perú y su posición en la geopolítica regional.

En resumen, el panorama energético y económico de Perú está en una encrucijada. Con el petróleo superando los US$ 100, las implicaciones para la inflación, el crecimiento y la inversión son profundas. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estos factores en el contexto de la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China, así como a las decisiones políticas que tomará el nuevo gobierno peruano en los próximos meses.