A inicios de 2026, el sistema de salud peruano enfrenta una crisis alarmante, con 30 pacientes del Programa Nacional de ITS-VIH-SIDA en el Hospital III de Essalud de Iquitos en estado crítico debido a la falta de medicinas esenciales. Según la Defensoría del Pueblo, estos pacientes no han recibido sus tratamientos durante meses, lo que pone en peligro sus vidas. Esta situación se agrava con el reporte de la Contraloría, que indica que hospitales en diversas regiones, como el Hospital Alberto Sabogal en Callao, han agotado su stock de medicamentos clave para el tratamiento del cáncer. A pesar de contar con un presupuesto asignado y un número considerable de funcionarios, la entrega de medicinas es ineficaz y caótica.

El inicio del año escolar también ha estado marcado por la ineficiencia del Estado, ya que la Contraloría estima que el 62% de los kits escolares aún no se han distribuido en 11 regiones del país. Este retraso se atribuye a la demora del Ministerio de la Producción en la compra de materiales escolares, un proceso que se extendió por más de un año. Además, el financiamiento de las becas Generación del Bicentenario se encuentra en crisis, sin una explicación clara sobre la falta de recursos. Estas fallas en la educación y la salud son solo ejemplos de un patrón más amplio de ineficiencia en el aparato estatal peruano.

El fiasco de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las elecciones del 12 de abril resalta la magnitud de la crisis. A pesar de contar con un presupuesto de más de S/2.000 millones, la ONPE no logró llevar a cabo unas elecciones sin contratiempos. Los errores incluyen la falta de entrega de material electoral por parte de contratistas sancionados, problemas con equipos informáticos y una incapacidad general para reaccionar ante los problemas en los centros de votación. Este tipo de negligencia no es nuevo en el sector público peruano, donde las historias de mala gestión y corrupción son comunes.

Las implicaciones de esta crisis son profundas. La ineficiencia en la entrega de servicios básicos como salud y educación no solo afecta a la población, sino que también deteriora la confianza en las instituciones públicas. Para los inversores, esto puede traducirse en un ambiente de negocios más incierto y volátil. La falta de un sistema público eficiente puede desincentivar la inversión extranjera y local, afectando el crecimiento económico a largo plazo. Además, la percepción de corrupción y mala gestión puede aumentar el riesgo país, lo que impacta negativamente en la calificación crediticia de Perú.

Mirando hacia el futuro, es crucial que el gobierno peruano tome medidas para abordar estas deficiencias. La implementación de un sistema meritocrático en la selección de personal para el sector público podría ser un primer paso hacia la mejora. La creación de un espacio similar a una Academia Diplomática para la formación de funcionarios públicos podría ayudar a atraer y retener talento. Sin embargo, estas reformas requieren tiempo y un compromiso genuino por parte de las autoridades. Los próximos meses serán críticos para observar si se implementan cambios significativos que puedan restaurar la confianza en el sistema público y, por ende, en la economía peruana.