En marzo de 2026, Argentina reportó un superávit primario de $930.284 millones, sin embargo, este resultado se ve empañado por un aumento significativo en la deuda flotante, que creció $2 billones en un solo mes, alcanzando un total de $4,04 billones. Este fenómeno revela una situación fiscal compleja donde el 74% del superávit se explica por gastos devengados que no han sido efectivamente pagados. Si el gobierno hubiera cumplido con sus obligaciones, el superávit se habría transformado en un déficit de $274.060 millones, evidenciando una discrepancia alarmante entre los ingresos y los gastos reales del Estado.

La deuda flotante, que representa un 9,7% del total devengado, se ha convertido en un indicador clave de la salud fiscal del país. Este aumento en la deuda no es solo un problema contable; es un síntoma de una economía que se contrae. La recaudación tributaria nacional ha caído durante ocho meses consecutivos, con una disminución del 7,3% interanual en el primer trimestre de 2026. Este descenso en los ingresos es alarmante, ya que se traduce en una pérdida consolidada de $4,2 billones entre Nación y provincias, lo que refleja la fragilidad del empleo formal y la presión sobre los salarios reales.

Los sectores más afectados por esta situación son los gastos de capital, que representan el 41,8% de la deuda flotante, seguidos por bienes y servicios con un 29,8% y remuneraciones con un 11,3%. Esto se traduce en obras públicas paralizadas, subsidios al transporte del AMBA detenidos y proveedores de pymes que enfrentan facturas impagas a 120 días. La falta de pagos del Estado no solo afecta a los proveedores, sino que también repercute en la economía en general, ya que cada empresa que cierra es una CUIT que deja de tributar, lo que perpetúa un ciclo de recesión.

El ajuste fiscal que se ha implementado para contener el gasto ha llevado a una compresión de la actividad económica. Recientemente, se ordenó un recorte adicional del 2,5% en el gasto total, lo que incluye una reducción del 2% en gastos corrientes y del 20% en gastos de capital. Sin embargo, esta estrategia de ajuste podría resultar contraproducente, ya que la reducción del gasto puede llevar a una menor actividad económica, lo que a su vez reduce la recaudación tributaria, creando un ciclo vicioso que es difícil de romper. Sin una política industrial sólida y un entorno de crédito productivo, la recaudación no tiene motores de recuperación autónomos.

A medida que se aproxima el cierre del primer semestre de 2026, es crucial monitorear la evolución de la deuda flotante y su impacto en la economía. La intersección de la caída de ingresos, el aumento de la deuda y la contracción de la actividad económica sugiere que el superávit fiscal podría no ser sostenible a largo plazo. La pregunta que queda es cuánto tiempo podrá el gobierno postergar los pagos antes de que la acumulación de deuda y la caída de la recaudación se conviertan en un problema insostenible. Los datos de la Tesorería General sugieren que este momento podría estar más cerca de lo que se anticipa, lo que plantea serias preocupaciones sobre la estabilidad fiscal del país.