El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, habían prometido que la inflación mensual comenzaría agosto con un cero adelante. Sin embargo, el índice de inflación de marzo alcanzó el 3,4%, lo que no solo aleja a la administración de esa meta, sino que también genera preocupación en el equipo económico. La expectativa de una inflación más baja para abril, estimada entre 2,7% y 2,8%, no es suficiente para hablar de un proceso de desinflación consolidado. La pregunta que surge entre los economistas es si Argentina podrá reducir la inflación mensual por debajo del 2% con las herramientas actuales del gobierno.

La inercia inflacionaria es un fenómeno que afecta a la economía argentina. Según Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), cuando los precios de los bienes bajan, los salarios tienden a ajustarse al alza para compensar las pérdidas anteriores. Este aumento salarial, a su vez, impacta en los precios de los servicios, que no siguen el mismo ritmo descendente que los bienes transables. Esto genera una percepción de que los precios siguen altos, lo que contribuye a mantener la inflación en niveles preocupantes.

Gastón Utrera, economista de Economic Trends, añade que la teoría monetarista que guía al gobierno no es suficiente para explicar la dinámica inflacionaria en Argentina. En un contexto de alta inflación, los salarios suben debido al aumento de precios, y luego los precios continúan subiendo por el incremento salarial. Este ciclo se complica aún más por la interacción de tres grandes conjuntos de precios: bienes transables, no transables y regulados. Para que la inflación baje de manera sostenida, es necesario que los tres conjuntos desaceleren al mismo tiempo, algo que actualmente no está ocurriendo.

Desde enero de 2025, el tipo de cambio ha aumentado un 2,1% mensual, los salarios están creciendo a un ritmo similar por paritarias que rondan el 2% mensual, y los precios regulados siguen en aumento debido a la falta de margen fiscal del Estado para subsidiarlos. Utrera advierte que si estos tres factores continúan creciendo por encima del 2%, no se puede esperar una inflación por debajo de ese umbral. Si abril se cierra en 2,5% y el resto del año promedia el 2%, la inflación acumulada para 2026 podría superar el 32% interanual, lo que tendría implicancias políticas significativas en un año electoral.

La credibilidad del equipo económico se ha visto afectada. Durante 2024, Caputo cumplía con las metas que anunciaba, lo que le otorgaba un capital de confianza. Sin embargo, la promesa de una inflación de un dígito para agosto ha perdido credibilidad, y el mercado ya no la considera una referencia válida. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación de entre 28% y 29% para diciembre, aunque algunos analistas sugieren que esta cifra podría ser conservadora. La gestión de expectativas se ha vuelto un desafío para el gobierno, que no logra transmitir confianza sobre su capacidad para controlar la inflación.

A medida que se acerca el año electoral, el costo político de no cumplir con las promesas de inflación se vuelve más relevante. La inflación era la principal bandera de Milei al asumir la presidencia, y si no logra controlarla, podría enfrentar un fuerte rechazo en las urnas. Aunque la economía muestra signos de recuperación en algunos sectores, la falta de empleo y la mejora del poder adquisitivo para la mayoría de la población complican la situación. La inflación persistente en torno al 2-2,5% mensual representa un desafío considerable para el gobierno, que se aferra a una receta económica que podría no ser suficiente para enfrentar la realidad del país.