Productores agropecuarios del partido bonaerense de Zárate han denunciado un aumento significativo en la presión fiscal tras la implementación de una nueva tasa general que reemplaza a las tradicionales tasas viales y de seguridad rural. Este cambio, que se introdujo con la ordenanza fiscal de 2025, ha llevado a un incremento estimado del 400% en la carga tributaria para los productores. Por ejemplo, un lote de 30 hectáreas que antes pagaba $14,000 cada cuatro meses ahora enfrenta un costo mensual de $30,000, lo que ha generado un gran descontento en el sector agrícola local.

Los productores, liderados por Ricardo Runza, han calificado esta situación como “inédita” y han expresado su preocupación por la falta de claridad sobre el destino de los fondos recaudados. A pesar de que el intendente Marcelo Matzkin había prometido que el 70% de la nueva tasa se destinaría al mantenimiento de caminos rurales, este compromiso no se encuentra formalmente documentado en la ordenanza. La eliminación de tasas específicas ha llevado a una percepción de “voracidad fiscal” por parte del municipio, que afecta principalmente a los productores de la zona, donde el 80% del territorio es rural.

El conflicto se intensificó cuando comenzaron a llegar facturas con aumentos retroactivos asociados a un concepto denominado “macrolote”, que se calcula en función de la valuación fiscal de cada campo. Este mecanismo ha resultado en facturas que alcanzan hasta $5 millones, lo que ha llevado a muchos productores a cuestionar la legalidad y la equidad del nuevo esquema impositivo. Además, la falta de trazabilidad sobre el uso de los fondos recaudados para infraestructura rural ha generado un clima de desconfianza entre los agricultores, quienes ven en el estado crítico de los caminos rurales una evidencia de la mala gestión de los recursos.

La situación ha llevado a unos 50 productores a autoconvocarse y presentar un reclamo formal al intendente, buscando la reinstauración de la tasa vial que garantice el mantenimiento adecuado de los caminos rurales. Este tipo de movilización es indicativa de un creciente descontento en el sector agropecuario, que ya enfrenta desafíos significativos debido a la inflación y la presión fiscal en Argentina. La falta de respuesta institucional ha llevado a los productores a buscar alternativas para gestionar sus obligaciones tributarias, lo que podría tener implicaciones más amplias para la economía local.

En cuanto a las perspectivas futuras, es crucial observar cómo el municipio de Zárate responderá a estas demandas y si habrá cambios en la política fiscal que puedan aliviar la carga sobre los productores. La situación también podría influir en la relación entre el gobierno local y el sector agropecuario, un vínculo que es esencial para la economía de la región. Además, la implementación de nuevas medidas fiscales podría tener repercusiones en la inversión en infraestructura rural, un aspecto vital para el desarrollo agrícola en el partido de Zárate y en la provincia de Buenos Aires en general.