El Gobierno argentino ha anunciado un superávit fiscal de $930.284 millones en marzo, lo que a primera vista parece un signo positivo para la economía. Sin embargo, un análisis más profundo revela que este superávit está sustentado por un alarmante aumento en la deuda flotante, que creció en $1,20 billones en el mismo mes. Si el Tesoro hubiera cumplido con sus compromisos devengados, el superávit se habría convertido en un déficit de $274.060 millones, lo que pone en evidencia la fragilidad de la situación fiscal actual.

La deuda flotante, que se refiere a los pagos atrasados que el Estado debe a proveedores y contratistas, ha alcanzado un total de $3,39 billones. Este incremento del 55% en términos intermensuales y del 50% en comparación con el año anterior indica que la acumulación de pasivos ha dejado de ser un simple problema administrativo y se ha convertido en una estrategia de financiamiento forzoso. La situación es aún más preocupante si se considera que los ingresos del fisco han caído durante ocho meses consecutivos en términos reales, lo que limita la capacidad del Gobierno para cumplir con sus obligaciones.

La gestión de la deuda flotante es común en la administración pública, pero el actual ritmo de acumulación sugiere que el Estado está utilizando esta práctica como una herramienta de ajuste fiscal no convencional. Esto tiene repercusiones directas en la economía real, ya que las empresas que dependen de pagos del Estado se ven forzadas a retrasar sus propios compromisos, lo que a su vez afecta a sus proveedores y empleados. Este efecto dominó puede paralizar la actividad económica, exacerbando la recesión y afectando a los sectores más vulnerables.

Además, la capitalización de intereses de la deuda, que no se registra como un pago en efectivo, mejora temporalmente las cifras fiscales pero aumenta el pasivo exigible en el futuro. Este tipo de contabilidad creativa puede ofrecer una tregua en los mercados financieros, pero a largo plazo, los pasivos devengados siempre exigirán su pago en efectivo. La falta de crecimiento económico y la presión tributaria en niveles críticos hacen que esta estrategia sea insostenible.

Mirando hacia el futuro, se anticipa que en abril podría haber un leve repunte en la recaudación fiscal gracias a la liquidación de exportaciones y otros factores estacionales. Sin embargo, este respiro podría presentar un dilema para el Gobierno: si los ingresos mejoran, deberá comenzar a desarmar la deuda flotante acumulada, lo que impactaría negativamente en el resultado de caja mensual. La clave será si el Gobierno puede equilibrar la necesidad de mostrar solvencia fiscal con la urgencia de mantener la liquidez en el sector privado, que es esencial para la recuperación económica del país.