El Gobierno argentino logró mantener un superávit fiscal del 0,5% del PBI en marzo, alcanzando así un excedente primario que lo posiciona favorablemente para cumplir con el objetivo del 1,4% del PBI establecido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su segunda revisión del acuerdo. Este resultado es significativo, considerando que se logró en un contexto de ingresos tributarios en declive, lo que ha llevado a la administración a implementar recortes en el gasto público. En marzo, el recorte se materializó a través del aplazamiento de pagos, lo que ha generado un aumento en la deuda flotante del Estado.

Durante el primer trimestre del año, el gasto primario devengado alcanzó los $11,8 billones, lo que representa un incremento del 2,7% real anual. Sin embargo, el gasto efectivamente pagado fue de solo $10,9 billones, lo que implica una reducción del 5,7% real. Esta diferencia entre lo devengado y lo pagado ha llevado a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) a reportar déficits primario y fiscal de $700.000 millones y $1,3 billones, respectivamente. Este fenómeno pone de manifiesto la estrategia del Gobierno de ajustar el gasto en función de la caída de los ingresos tributarios, que se redujeron en un 5,7% en marzo.

El exlegislador y contador Martín Barrionuevo ha estimado que el gasto devengado no pagado totalizó $1,4 billones, lo que refleja la presión que enfrenta el Gobierno para equilibrar sus cuentas. En este sentido, el economista Christian Buteler ha señalado que el resultado base caja oculta la creciente deuda flotante, que se ha traducido en conflictos sociales, como los paros en el transporte público debido a la falta de pago de subsidios. Este tipo de tensiones podría intensificarse si el Gobierno no logra regularizar sus pagos, lo que podría afectar la estabilidad social y económica en el corto plazo.

La estrategia del Gobierno para mantener el superávit fiscal ha incluido medidas drásticas como la reducción de envíos al PAMI en un 26,7% real interanual y una disminución sin precedentes en los subsidios energéticos, que cayeron un 56,6% real. También se han recortado los fondos destinados al transporte y a las provincias, lo que ha generado preocupación en sectores clave como educación y salud. Estas decisiones reflejan la necesidad de ajustar el gasto en un entorno donde los ingresos tributarios han caído un 8,2% real anual en enero, lo que obligó al Gobierno a recurrir a ingresos extraordinarios por privatizaciones para equilibrar sus cuentas.

De cara al futuro, es crucial observar cómo el Gobierno continuará manejando su política fiscal en un contexto de ingresos decrecientes y presiones sociales. La próxima revisión del acuerdo con el FMI será un hito importante, ya que el cumplimiento de las metas fiscales será evaluado en función de la capacidad del Gobierno para mantener el superávit en los próximos trimestres. La situación económica en Brasil, que también enfrenta desafíos fiscales, podría influir en las decisiones del Gobierno argentino, dado que ambos países comparten vínculos comerciales y financieros significativos. Los inversores deben estar atentos a las próximas cifras fiscales y a cualquier anuncio relacionado con la renegociación del acuerdo con el FMI, que se espera para el segundo semestre del año.