La cooperativa láctea SanCor ha formalizado su solicitud de quiebra ante la Justicia de Rafaela, un paso que marca un punto crítico en su historia financiera. Este 16 de abril, el pedido fue incorporado al expediente judicial en el marco del concurso de acreedores que la cooperativa había iniciado en febrero del año pasado. SanCor enfrenta una deuda acumulada de aproximadamente 120 millones de dólares, afectando a más de 1.500 acreedores verificados, lo que refleja la magnitud de la crisis que atraviesa la empresa.

El acta interna presentada por SanCor reconoce que la cooperativa se encuentra en una situación de cesación de pagos y que no puede cumplir con sus obligaciones sin agravar aún más su situación financiera. La empresa ha admitido que sus intentos de relanzamiento tras la apertura del concurso se han visto frustrados por la incapacidad de operar plenamente, lo que ha impedido generar el flujo de fondos necesario para su funcionamiento. Este diagnóstico es alarmante, ya que indica que SanCor no solo enfrenta problemas de liquidez, sino que también se encuentra en una insolvencia estructural.

Históricamente, SanCor ha sido un pilar en la industria láctea argentina, pero su situación actual contrasta drásticamente con su pasado. La cooperativa ha intentado establecer acuerdos productivos con terceros, pero estos esfuerzos no han logrado superar las restricciones estructurales que enfrenta. La falta de capital de trabajo y un entorno de crédito restringido han contribuido a su incapacidad para atender regularmente sus obligaciones, incluyendo salarios y deudas fiscales. La presión de los acreedores ha aumentado, con múltiples pedidos de quiebra en trámite, lo que complica aún más su situación.

Para los inversores y el mercado en general, la declaración de quiebra de SanCor podría tener implicancias significativas. Si el juez Marcelo Germán Gelcich decide aceptar el pedido de quiebra, la cooperativa pasaría de un proceso de reestructuración a una etapa de liquidación bajo control judicial. Esto implicaría que los activos de SanCor, incluyendo sus plantas industriales y marcas, quedarían bajo la administración de un síndico, quien podría proceder a su venta para satisfacer a los acreedores. Esta situación podría afectar no solo a los acreedores directos, sino también a los proveedores y trabajadores, dado que la cooperativa adeuda ocho meses de salarios y aguinaldos, lo que podría generar un impacto en el mercado laboral regional.

A futuro, el foco se trasladará a la asamblea extraordinaria de asociados convocada para el 30 de abril, donde se buscará ratificar la decisión del Consejo de Administración. Este evento será crucial para entender la dirección que tomará SanCor en medio de su crisis. La decisión del juez sobre la quiebra se espera en el corto plazo, lo que podría definir el destino de la cooperativa y su capacidad para continuar operando, aunque sea de manera limitada. La situación de SanCor es un claro reflejo de los desafíos que enfrenta la industria láctea en Argentina, y su desenlace podría sentar un precedente para otras empresas en dificultades en el país.