El Consejo Gremial Nacional de Colombia ha emitido una fuerte advertencia respecto al impacto del nuevo impuesto al patrimonio, que afectará a más de 15,000 empresas en el país. Natalia Gutiérrez, presidenta del gremio, enfatizó que la falta de claridad sobre la legalidad de este impuesto está generando un "daño patrimonial irreversible" que podría comprometer miles de puestos de trabajo. Este impuesto, que se introdujo mediante el Decreto 173, ha sido objeto de críticas debido a su naturaleza confiscatoria y a los plazos ajustados establecidos para su pago, lo que podría generar serias dificultades de liquidez para las empresas afectadas.

La preocupación del Consejo Gremial se centra en que el monto que se busca recaudar, equivalente a aproximadamente $8.3 billones, se basa en supuestos que han sido calificados como controvertidos. Gutiérrez argumenta que el gobierno no ha agotado los recursos e instrumentos ordinarios disponibles antes de implementar este impuesto, lo que contraviene la obligación constitucional de maximizar el uso de recursos existentes. La falta de aprobación de leyes de financiamiento y las restricciones de la regla fiscal, según Gutiérrez, no son circunstancias extraordinarias que justifiquen la implementación de este gravamen.

Además, el Consejo Gremial ha señalado que el Decreto 173 desnaturaliza el concepto de impuesto al patrimonio, ya que la Corte Constitucional de Colombia ha determinado que las personas jurídicas no deben ser gravadas de la misma manera que las personas naturales. Esto se debe a que el patrimonio de las empresas se considera capital de inversión productiva, esencial para el crecimiento y la creación de empleo, mientras que el impuesto al patrimonio se aplica a la riqueza personal. La inclusión de las personas jurídicas en este tributo contradice la jurisprudencia constitucional, lo que podría dar lugar a una serie de impugnaciones legales.

Desde la perspectiva de los inversores, este impuesto podría tener implicaciones significativas. La presión financiera sobre las empresas podría llevar a una reducción en la inversión y, por ende, a un menor crecimiento económico. Además, el hecho de que el impuesto se aplique en plazos tan cortos podría llevar a una disminución en la rentabilidad de las empresas afectadas, lo que podría reflejarse en sus valoraciones en el mercado. Los sectores más impactados incluyen el financiero y el extractivo, que enfrentan tarifas significativamente más altas que la tarifa general.

A futuro, es crucial monitorear cómo se desarrollan las discusiones en torno a este impuesto y si se presentarán desafíos legales que podrían modificar su aplicación. La fecha de inicio del impuesto está programada para el 1 de marzo de 2026, con la primera cuota a pagarse el 1 de abril y la segunda el 4 de mayo de 2026. La respuesta del gobierno y la reacción del sector empresarial ante este impuesto serán determinantes para el clima de inversión en Colombia y, potencialmente, en la región, dado que el país es un socio comercial clave para Argentina y otros países latinoamericanos.