La Alcaldía de Bogotá ha dado un paso significativo en la regulación del comercio informal mediante la firma del Decreto 117 de 2026, que establece un marco normativo para más de 150.000 vendedores que dependen de la venta en el espacio público. Esta normativa, firmada por el alcalde Carlos Fernando Galán Pachón, busca organizar el espacio público y regular actividades que generan efectos negativos, como el trabajo infantil y la venta de sustancias ilegales. La medida se enmarca en un contexto donde el comercio informal ha crecido considerablemente, en parte debido a la crisis laboral y el conflicto armado en Colombia.

El decreto modifica el anterior Decreto Distrital 642 de 2025 y establece una metodología para determinar la cantidad máxima de vendedores informales que pueden operar en cada zona de la ciudad. Esto se logrará a través de estudios de carga de ocupación realizados por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep). La intención es no solo regular el comercio, sino también combatir las estructuras criminales que se benefician de la informalidad, como las mafias que subarriendan espacios y venden productos ilegales.

Entre las principales restricciones que impone el nuevo decreto se encuentran la prohibición de actividades como la venta de sustancias ilegales, el trabajo infantil y la ocupación de espacios alrededor de hidrantes contra incendios. Además, se establece que el uso de cilindros de gas licuado de petróleo en el espacio público será excepcional y solo permitido bajo ciertas condiciones. Estas medidas reflejan un enfoque más amplio hacia la seguridad y la salubridad en el espacio público, que ha sido una demanda constante de la ciudadanía.

Desde el punto de vista económico, la regulación del comercio informal puede tener implicancias significativas. Por un lado, podría mejorar la recaudación fiscal al formalizar parte de este sector, pero también podría generar resistencia entre los vendedores que dependen de esta actividad para su sustento. La administración ha prometido ofrecer alternativas económicas a los vendedores afectados, como programas de formación y acceso a espacios autorizados para la venta, lo que podría mitigar el impacto negativo de la regulación.

A futuro, será crucial monitorear la implementación de este decreto y su efectividad en la organización del espacio público. La Secretaría Distrital de Seguridad tiene un plazo de seis meses para definir las Zonas de Manejo Especial, donde no se permitirá la venta informal. La Alcaldía espera que para finales de año se logre una mejor distribución y organización del espacio público, lo que podría sentar un precedente para otras ciudades en la región que enfrentan desafíos similares con el comercio informal.