La situación económica en la Provincia de Buenos Aires, especialmente en el Gran Buenos Aires (GBA), ha generado preocupación entre economistas y analistas. Según un informe del CEPA, la desocupación en el GBA alcanzó el 9,5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que representa dos puntos por encima del promedio nacional. Además, se han perdido 96.243 puestos de trabajo registrados, lo que refleja una crisis laboral significativa en la región. Los salarios de los trabajadores registrados privados del GBA han sufrido una de las mayores caídas en el país, con una pérdida de poder adquisitivo del 8% desde noviembre de 2023, superando el promedio nacional de 7,3%. Esta situación se agrava con el aumento de los costos de vida, donde los gastos en vivienda, agua, electricidad y gas han registrado incrementos de hasta el 493% en el último año.

El informe también destaca que más de 5.300 empresas han cerrado en la provincia, lo que representa un cuarto de todos los cierres a nivel nacional. Este fenómeno ha afectado tanto a pequeños comercios como a grandes plantas industriales, lo que pone de manifiesto la fragilidad del tejido productivo en la región. La caída en el consumo también es alarmante, con un descenso del 5,1% en las ventas en supermercados, lo que refleja una disminución en la capacidad de gasto de los hogares bonaerenses. Este contexto se ve agravado por el hecho de que los jubilados en la provincia perciben ingresos por debajo de la media nacional, lo que limita aún más su capacidad de consumo.

La crisis industrial en la provincia es evidente, con un Indicador Sintético de la Industria Manufacturera que mostró caídas del 9,9% en noviembre y del 3,5% en diciembre de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior. Este desempeño es preocupante, ya que el 40% de los establecimientos productivos del país se encuentran en Buenos Aires. La falta de una política industrial clara por parte del gobierno de Javier Milei y su equipo ha llevado a una apertura comercial indiscriminada, lo que ha generado un aluvión de importaciones que ha puesto en crisis al sector manufacturero.

Las implicancias para los inversores son significativas. La caída en el empleo y el aumento del desempleo pueden llevar a una reducción en el consumo, lo que afectaría negativamente a las empresas que dependen del mercado interno. Además, el tipo de cambio atrasado y la falta de regulaciones que incentiven la producción local podrían seguir afectando la competitividad de las empresas argentinas. Los inversores deben estar atentos a cómo el gobierno maneja esta crisis y si se implementan medidas para estimular la economía y proteger el empleo.

A futuro, el desafío para Javier Milei será abordar la crisis económica en el GBA, especialmente con las elecciones en el horizonte. La presión social por la pérdida de empleo y el aumento del costo de vida podría generar un clima de inestabilidad política. Los próximos meses serán cruciales para observar si se implementan políticas que busquen revertir esta tendencia negativa y cómo esto impactará en la economía nacional. Las decisiones que se tomen en el corto plazo serán determinantes para el rumbo económico del país en 2027 y más allá.