Una investigación judicial ha revelado un entramado de transferencias que superan los $1.200 millones desde el gobierno de Santiago del Estero hacia Segon SRL, una empresa vinculada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Este caso ha cobrado relevancia tras el pedido de detención contra Claudio "Chiqui" Tapia y Toviggino, en el marco de un presunto esquema de lavado de dinero y desvío de fondos públicos. Según el fiscal federal Pedro Simón, se detectaron más de 50 transferencias en 2024, con un total de $609.385.635,24, que exceden el monto formal del contrato adjudicado a la empresa para prestar servicios de seguridad en el Hospital Regional Ramón Carrillo.

El informe judicial destaca que Segon SRL comenzó a operar en 2022, inicialmente en rubros como venta de combustibles y hotelería, y que en 2024 se formalizó en el sector de seguridad. Este crecimiento en la diversificación de servicios ha llevado a los investigadores a sospechar de un esquema empresarial diseñado para facilitar el lavado de dinero. Además, se menciona que la empresa recibió fondos no solo del gobierno provincial, sino también de la AFA y de un municipio alineado con el oficialismo, lo que sugiere un circuito de desvío de fondos más amplio.

El fiscal Simón ha señalado que los movimientos bancarios en la cuenta de Segon SRL en el Banco de Santiago del Estero son particularmente sospechosos, ya que los fondos ingresan desde cuentas públicas y se transfieren rápidamente, dificultando el rastreo del dinero. Este mecanismo de transferencia rápida, que a menudo ocurre en menos de 48 horas, ha generado preocupación sobre la transparencia de las operaciones y la posibilidad de que se esté utilizando para ocultar el destino final de los fondos. La investigación también ha puesto de relieve la relación entre Toviggino y otras entidades, como la Mutual Acceda Ya, que recibió más de $17 millones desde el gobierno provincial y municipal entre 2024 y 2025.

Las implicancias de este caso son significativas, no solo para el ámbito político y judicial de Santiago del Estero, sino también para el sector financiero en general. La posibilidad de que se haya perpetrado un esquema de lavado de dinero a gran escala podría tener repercusiones en la confianza pública hacia las instituciones y el manejo de los fondos públicos. Además, este tipo de situaciones puede generar un efecto dominó en otras provincias, donde se podrían estar llevando a cabo prácticas similares, afectando la percepción de riesgo en el país y, potencialmente, en la inversión extranjera.

A futuro, la atención estará centrada en la decisión del juez federal Sebastián Argibay sobre el pedido de detención y las indagatorias solicitadas por el fiscal. La evolución de esta causa podría tener un impacto directo en la política local y en la percepción de la gestión pública en Santiago del Estero. Además, el seguimiento de los movimientos bancarios y las conexiones entre las empresas involucradas será crucial para desentrañar la magnitud del posible desvío de fondos y sus implicancias en el sistema financiero argentino.