El gobierno de Javier Milei enfrenta una crisis interna que se manifiesta en una lucha de poder entre sus principales figuras. La confrontación entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini no es solo una disputa personal, sino que refleja un desorden que afecta la estructura del gabinete. Mientras Milei se muestra en el exterior como un líder carismático, en el ámbito interno se libra una guerra por la influencia y el acceso al Presidente, donde Karina Milei y Santiago Caputo son protagonistas de una pulseada que podría definir la estrategia política del oficialismo.

La situación se complica aún más con la tensión entre Federico Sturzenegger y Luis “Toto” Caputo, donde la disputa ya no se limita a aspectos técnicos, sino que se ha convertido en una lucha por el control del rumbo económico del país. Este conflicto se suma a la falta de estructura en el gobierno, que se traduce en un caos administrativo que podría tener repercusiones en la gestión de la economía. La situación es crítica, ya que la inflación, aunque muestra signos de desaceleración, sigue generando una percepción de incertidumbre y fragilidad en la población.

En este contexto, el gobierno ha encontrado en la deuda flotante una herramienta de poder que le permite manejar la relación con las provincias de manera estratégica. Al no cumplir con los pagos de la deuda, el gobierno no solo evita desembolsos millonarios, sino que también crea una dependencia entre las provincias y el poder central. Con más de $5,6 billones en gastos devengados y no pagados, el gobierno ha transformado la deuda en un mecanismo de control político, donde las provincias que reciben fondos se ven obligadas a alinearse con el oficialismo.

La reconfiguración del federalismo argentino se está llevando a cabo a través de una administración selectiva de los recursos, donde el presupuesto deja de ser una herramienta de planificación para convertirse en un instrumento de negociación. Esta dinámica no solo afecta la relación entre el gobierno y las provincias, sino que también redefine el papel del gobierno como coordinador, transformándolo en el centro del sistema político. La falta de reglas automáticas en el reparto de fondos implica que las decisiones se toman de manera estratégica, generando un clima de incertidumbre que podría impactar en la estabilidad política y económica del país.

A medida que se intensifican las luchas internas, es crucial observar cómo estas tensiones afectarán la capacidad del gobierno para implementar políticas económicas efectivas. La falta de un rumbo claro y la dependencia financiera de las provincias podrían llevar a una mayor inestabilidad en el corto plazo. Los inversores deben estar atentos a las decisiones que se tomen en torno a la deuda flotante y su impacto en la economía real, así como a las posibles reformas que se discutan en el ámbito legislativo, que podrían surgir en medio de esta crisis de poder.