Recientemente, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás dictó un fallo que permite a los contribuyentes argentinos exigir a sus municipios información detallada sobre el uso de las tasas que abonan. Este hito legal, que surge de un caso iniciado por la Sociedad Rural de Baradero, establece que los municipios deben justificar los gastos asociados a la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH), una de las más onerosas para las empresas. La sentencia no solo se limita a Baradero, sino que sienta un precedente que podría beneficiar a contribuyentes en toda la provincia de Buenos Aires y, potencialmente, en otras jurisdicciones del país.

El fallo judicial resalta que la TISH, al ser una tasa y no un impuesto, debe estar vinculada a un servicio específico que el municipio debe prestar. Esto implica que los municipios tienen la obligación de demostrar que los costos de los servicios que ofrecen son razonables y que lo recaudado no excede lo necesario para cubrir esos costos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya había establecido en casos anteriores que las tasas deben tener una relación razonable con el costo del servicio prestado, y que cualquier desproporción puede ser impugnada por los contribuyentes.

En la práctica, muchos municipios han fijado la TISH como un porcentaje de la facturación de las empresas, lo que ha llevado a que los montos recaudados superen ampliamente los costos reales de los servicios. Esto ha generado un clima de desconfianza entre los contribuyentes, quienes a menudo no tienen acceso a la información necesaria para cuestionar estas tasas. La reciente decisión judicial abre la puerta a que los contribuyentes puedan solicitar información específica sobre cómo se calculan estas tasas y en qué se utilizan los fondos recaudados.

El impacto de esta decisión puede ser significativo para las empresas que enfrentan costos elevados por estas tasas. Al tener acceso a información detallada sobre los gastos municipales, los contribuyentes podrán construir un caso sólido para impugnar la TISH si consideran que los montos son desproporcionados. Esto no solo les permitirá ahorrar dinero, sino que también fomentará una mayor transparencia en la gestión municipal. La acción de amparo por acceso a la información pública, regulada por la Ley 12.475 en la provincia de Buenos Aires, se convierte en una herramienta clave para que los contribuyentes puedan ejercer su derecho a la información.

A futuro, es crucial que los contribuyentes estén atentos a cómo los municipios responden a esta nueva exigencia de transparencia. La implementación de esta sentencia podría llevar a cambios en la forma en que se calculan y se comunican las tasas municipales. Además, es posible que se generen más casos judiciales en otras localidades, lo que podría ampliar aún más el alcance de este derecho. Las empresas deben estar preparadas para utilizar esta información en sus estrategias fiscales y operativas, asegurándose de que no estén pagando más de lo que corresponde por los servicios que reciben.