El juez federal Ariel Lijo ha iniciado una investigación que involucra a Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en relación a posibles irregularidades en contrataciones del Estado. Esta acción se deriva de un pedido del fiscal Carlos Stornelli, en respuesta a una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. Aunque aún no hay imputados, la denuncia menciona a Adorni, Angeletti y otros directivos, lo que ha generado un gran interés en el ámbito político y económico del país.

Entre las medidas solicitadas por Lijo, se incluye la obtención de copias de expedientes administrativos relacionados con procesos de contratación en áreas de comunicación. Esto abarca documentación sobre servicios de mensajería masiva, herramientas tecnológicas y soporte técnico. Además, se ha requerido información sobre la concesión del predio de Tecnópolis, un espacio emblemático que ha sido objeto de controversia en el pasado. La investigación se centra en un contrato de 2025 por servicios de mensajería adjudicado a ATX S.A. por un total de $3.650.226.300, lo que resalta la magnitud de las cifras involucradas.

La denuncia de Pagano sugiere que las empresas que participaron en la licitación, como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., podrían tener vínculos entre sí, lo que plantea la posibilidad de una simulación de competencia. Este tipo de irregularidades no son nuevas en el contexto argentino, donde la falta de transparencia en las contrataciones públicas ha sido un tema recurrente. En particular, la denuncia menciona un aumento significativo en el costo por mensaje de texto enviado, que pasó de USD 0,045 a USD 0,076, lo que podría indicar sobreprecios en las contrataciones.

Además, la investigación también examina la relación entre la consultora +Be, vinculada a Angeletti, y varias empresas contratistas del Estado, como Grupo Datco y National Shipping S.A. Este último tiene un vínculo especial, ya que es contratista de YPF, y Adorni fue designado director titular de esa empresa en enero de 2026. La conexión entre funcionarios y empresas contratistas es un tema delicado que podría tener repercusiones significativas en la percepción pública y la confianza en el gobierno actual.

A medida que avanza la investigación, se espera que se determinen si se han cometido delitos como fraude a la administración pública o enriquecimiento ilícito. La recolección de pruebas está en marcha, y los resultados de esta investigación podrían influir en la estabilidad política y económica del país. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estos eventos, ya que cualquier indicio de corrupción o irregularidades podría afectar la confianza en el gobierno y, por ende, en el mercado argentino en general.