El Gobierno nacional de Argentina ha presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la implementación de artículos clave de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta norma, sancionada por el Congreso y ratificada tras un veto presidencial, es considerada por el Ejecutivo como 'de imposible cumplimiento' debido a la falta de recursos. La Procuración del Tesoro, liderada por Sebastián Amerio, busca suspender los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que están relacionados con la recomposición salarial de docentes y no docentes universitarios, así como con la actualización de paritarias.

La presentación se produce tras la confirmación de una medida cautelar por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que ordenó la aplicación de la ley y dejó sin efecto el decreto 759/2025, que intentaba congelar su implementación. En la Casa Rosada, se argumenta que el fallo judicial coloca al Gobierno en una encrucijada: cumplir con las transferencias que afectarían el equilibrio fiscal o escalar el conflicto a la Corte Suprema. El Ejecutivo sostiene que la ley obliga al Estado a realizar gastos sin especificar las fuentes de financiamiento, lo que, según su interpretación, infringe las normas de administración presupuestaria.

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario se remonta a 2025, cuando el Congreso aprobó una norma que establece aumentos salariales para el personal docente y no docente de las universidades, así como fondos para becas y el funcionamiento de las instituciones. A pesar del veto presidencial en septiembre de 2025, el Congreso insistió en su aprobación, lo que llevó a la promulgación de la ley, aunque el Gobierno intentó bloquear su aplicación mediante un decreto que suspendía su ejecución hasta que se definieran las fuentes de financiamiento. Este contexto ha generado tensiones significativas en el ámbito educativo y social, con protestas y paros por parte de sindicatos y organizaciones universitarias.

La situación se complica aún más, ya que el Gobierno estima que, si la Corte Suprema no concede efecto suspensivo a su apelación, podría verse obligado a realizar transferencias que rondan los $2,5 billones. Este monto podría comprometer el superávit fiscal, un objetivo clave del programa económico del presidente Javier Milei. Además, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta un desgaste político debido a investigaciones judiciales y cuestionamientos internos, lo que podría complicar aún más la gestión de estas transferencias.

A medida que el conflicto se desarrolla, también ha comenzado a captar la atención internacional, con medios como El País y Reuters informando sobre el impacto del ajuste en la educación superior en Argentina. Los datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) muestran que los salarios docentes han perdido más del 32% de su poder adquisitivo desde la asunción de Milei, y las transferencias a universidades han caído un 45,6% en términos reales entre 2023 y 2026. En este contexto, los sindicatos reclaman aumentos salariales de entre el 45% y el 50% para recuperar el poder adquisitivo perdido.

El conflicto no solo se limita al ámbito judicial, sino que también se manifiesta en la calle, con protestas y clases públicas organizadas por gremios docentes y organizaciones universitarias. La situación se vuelve cada vez más tensa, ya que los sindicatos consideran que el Gobierno está en 'situación de ilegalidad' por incumplir una norma ratificada por el Congreso y respaldada por la Justicia. La presión sobre el Gobierno para cumplir con la ley se ha intensificado, y se espera que el conflicto continúe escalando en los próximos días, a medida que se acerquen las decisiones de la Corte Suprema y se desarrollen nuevas manifestaciones en el ámbito educativo.