La reciente aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece un objetivo de acumulación de reservas de USD 8.000 millones para el año 2026, así como una meta de superávit fiscal del 1,4%. Este nuevo marco es considerado menos exigente que las metas anteriores, lo que podría ofrecer un respiro al Gobierno argentino en su intento por estabilizar la economía. Sin embargo, la implementación de estas metas requerirá un esfuerzo significativo por parte del Ejecutivo, especialmente en un contexto donde la inflación y el deterioro del ingreso real son preocupaciones constantes.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ha publicado un informe que revela una caída real de la masa salarial y del ingreso empresarial en los últimos dos años. Este dato es alarmante, ya que indica que los asalariados y las empresas han visto reducidos sus ingresos, mientras que el sector del cuentapropismo ha ganado importancia en el reparto del valor agregado. Este cambio en la estructura económica podría tener implicaciones significativas para el consumo y la inversión en el país, ya que un mayor número de personas depende de trabajos informales o independientes.