El gobierno de Javier Milei enfrenta una situación fiscal crítica, acumulando una deuda flotante de aproximadamente $5,6 billones, equivalente a unos 4.000 millones de dólares. Esta cifra representa el 3,6% del total de gastos del presupuesto de 2026, que asciende a $148 billones. La estrategia de ajuste fiscal del presidente, que incluye la suspensión de pagos a proveedores y organismos como PAMI y obras sociales, ha sido descrita como un 'pagadiós' en la jerga interna del gobierno, reflejando la gravedad de la situación.

La recaudación fiscal ha caído un 4,5% real interanual en marzo, marcando el octavo mes consecutivo de retroceso. La inflación, por su parte, se ha acelerado al 3,4% mensual, lo que agrava aún más la crisis económica. En este contexto, Milei ha manifestado su frustración ante empresarios, reafirmando que la 'motosierra' de ajuste no se detendrá. Sin embargo, los técnicos del Ministerio de Economía admiten que la verdadera herramienta de ajuste es la postergación de pagos, lo que está llevando a un círculo vicioso de recortes y caída de actividad económica.

El ministro de Economía, Luis 'Toto' Caputo, ha implementado un recorte adicional del 2,5% en el gasto total del presupuesto, que incluye una reducción del 2% en gastos corrientes y un 20% en gastos de capital. Esta medida se suma a los recortes ya realizados en prestaciones sociales, universidades y transferencias a provincias. La falta de ingresos suficientes para cubrir los salarios ha llevado a que muchas erogaciones permanezcan frenadas, lo que afecta gravemente a la economía en su conjunto.

Los efectos de esta acumulación de deuda flotante ya son visibles en el sector privado. La ruptura de la cadena de pagos ha comenzado a impactar a proveedores y pymes, que enfrentan dificultades para cobrar. Muchos productores que intentan exportar también se ven afectados por la falta de reintegros de IVA, lo que genera un efecto dominó en la economía. La situación es insostenible y podría llevar a un aumento en los litigios contra el Estado, complicando aún más la situación fiscal.

A medida que el gobierno continúa con su política de ajuste, es crucial monitorear la evolución de la recaudación fiscal y el impacto en la actividad económica. La caída de ingresos, que se ha intensificado en los últimos meses, podría forzar al gobierno a implementar medidas aún más drásticas. La situación es delicada y los próximos meses serán clave para determinar si el gobierno puede estabilizar la economía o si la crisis se profundiza aún más.