La construcción civil en Brasil enfrenta una nueva ola de aumentos en los costos de insumos a partir de abril de 2026. La Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC) ha alertado sobre reajustes en materiales esenciales como el cemento, la argamassa y, especialmente, los derivados plásticos como el PVC. Esta situación se ve impulsada por el aumento del precio del petróleo debido a la guerra en Irán y por decisiones tarifarias del gobierno federal, lo que podría tener un efecto en cadena que impacte directamente al consumidor final.

Los materiales como el PVC son fundamentales en prácticamente todas las etapas de una obra, desde la fundación hasta la entrega. En proyectos de vivienda popular, el costo de las instalaciones hidrosanitarias, que dependen en gran medida del PVC, puede representar entre el 6% y el 9% del costo total de la construcción. En proyectos de mayor envergadura, esta cifra puede llegar hasta el 11%. Por lo tanto, cualquier incremento en el precio de estos insumos se traduce en un aumento directo en el costo final de los inmuebles.

La revisión del Impuesto de Importación sobre resinas como el polietileno y el PVC, que se discute en la Camex (Cámara de Comercio Exterior), también está generando preocupación. Este incremento arancelario, que busca proteger la industria local, se ve agravado por la guerra en el Medio Oriente, que limita las opciones de importación y genera una dependencia crítica de un solo productor nacional. Esto crea un ambiente de oferta restringida, donde la capacidad de reacción ante aumentos de costos es limitada, lo que puede amplificar los efectos de los precios en el mercado.

El impacto de estos aumentos no se limita al sector residencial. Las obras de saneamiento también sentirán la presión de los costos más altos. Por ejemplo, el PEAD, que ha reemplazado a materiales tradicionales como el concreto, podría perder parte de su ventaja de costo y eficiencia debido al encarecimiento de las resinas. Esto podría resultar en retrasos en proyectos públicos y un aumento en los costos de las reformas, afectando a un amplio espectro de consumidores.

En el corto plazo, se espera que los consumidores comiencen a sentir el impacto de estos aumentos de manera gradual. Los precios de los inmuebles en construcción podrían incrementarse, y los proyectos de vivienda popular, que ya operan con márgenes reducidos, podrían verse amenazados por la escalada de costos. La situación es crítica, ya que el gobierno federal tiene como meta entregar 3 millones de viviendas a través del programa Minha Casa, Minha Vida, y cualquier aumento significativo en los costos podría poner en riesgo esta iniciativa. A medida que se desarrollen los acontecimientos, será fundamental monitorear la evolución de los precios de los insumos y las decisiones del gobierno en torno a la política arancelaria y de importación.