El municipio de Baradero, en la provincia de Buenos Aires, ha revelado que durante el ejercicio 2025, la recaudación presupuestada para el mantenimiento de caminos rurales fue de aproximadamente $1.100 millones. Sin embargo, hasta octubre de ese año, solo se habían destinado cerca de $320 millones a esta tarea, lo que representa apenas el 29% de los fondos previstos. Esta situación ha generado preocupación entre los representantes de la Sociedad Rural local, quienes han cuestionado la transparencia y el uso de los recursos públicos destinados a la infraestructura vial rural.

El abogado de la Sociedad Rural de Baradero, Pablo Torres Barthe, argumenta que, a menos que se realice una inversión significativa en el último trimestre del año, los números no cierran. Según sus proyecciones, el gasto total podría alcanzar los $450 millones, pero esto aún estaría muy por debajo de lo que se había prometido. La recaudación proviene de dos fuentes principales: la coparticipación impositiva de la provincia y la tasa vial que cobra el municipio. Sin embargo, Torres Barthe sostiene que los fondos de la tasa vial están siendo utilizados para gastos generales en lugar de su propósito específico.

Esta situación no es aislada, ya que otros municipios de la provincia han enfrentado críticas similares por la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos. La falta de inversión en infraestructura vial rural puede tener repercusiones significativas en la economía local, afectando el transporte de productos agrícolas y la conectividad de las comunidades rurales. En un contexto donde la producción agropecuaria es vital para la economía argentina, la ineficiencia en el mantenimiento de caminos puede traducirse en mayores costos para los productores y, en última instancia, en precios más altos para los consumidores.

Desde la Sociedad Rural de Baradero, se ha anunciado que se llevarán a cabo auditorías sobre los números presentados por el municipio. Si se encuentran irregularidades, se podría solicitar la devolución de la tasa vial y, en casos extremos, se contemplaría la posibilidad de presentar denuncias penales. Este tipo de acciones podría sentar un precedente importante en la lucha por la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos en la provincia de Buenos Aires.

A futuro, será crucial monitorear la presentación de los informes finales del ejercicio 2025, que se espera sean entregados en los próximos meses. La comparación entre lo recaudado y lo efectivamente gastado permitirá evaluar si se han tomado las medidas necesarias para garantizar que los fondos destinados a caminos rurales se utilicen de manera efectiva. La situación en Baradero podría influir en otras localidades de la provincia y generar un debate más amplio sobre la gestión de recursos públicos en el ámbito rural.