La inversión en Perú se enfrenta a un desafío crítico: la inseguridad ciudadana. En un reciente encuentro organizado por Gestión y SURA Investments, expertos como Mercedes Araoz, exministra de Economía, y otros líderes del sector, discutieron cómo la inseguridad impacta la confianza de los inversionistas en el país. Araoz destacó que la seguridad jurídica es fundamental para atraer capital, pero la creciente criminalidad está generando un clima de incertidumbre que podría frenar el desarrollo económico.

La situación actual es alarmante. Según datos recientes, la economía peruana podría crecer un 3.4% este año, pero la inseguridad es un factor que podría limitar este crecimiento. Los panelistas coincidieron en que el próximo gobierno heredará no solo la inseguridad ciudadana, sino también la necesidad de reformas estructurales en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el sector público. La falta de acción en estos frentes podría resultar en un aumento de los costos operativos y en la informalidad de las pequeñas y microempresas, que son las más afectadas por la criminalidad.

La criminalidad no solo afecta a los inversionistas grandes, que pueden absorber mejor los costos adicionales, sino que impacta directamente en el día a día de las pequeñas empresas. Iván Zárate, de Fondos SURA, advirtió que si la inseguridad no se gestiona adecuadamente, podría aumentar los costos de financiamiento y hacer que las entidades financieras ajusten sus evaluaciones crediticias. Esto podría llevar a un círculo vicioso donde la falta de inversión frena el crecimiento económico, lo que a su vez alimenta la inseguridad.

Los expertos también subrayaron la importancia de un diálogo continuo entre el sector público y privado para abordar estos problemas. La experiencia pasada con iniciativas como inPerú, que promovieron la imagen del país en el exterior, demuestra que la colaboración puede generar resultados positivos. Gonzalo Ruiz de Macroconsult mencionó que el nuevo gobierno asumirá en un contexto internacional favorable, lo que representa una oportunidad para implementar reformas profundas que promuevan la inversión.

A medida que el país se prepara para un nuevo ciclo electoral, los inversionistas estarán atentos a las medidas que se tomen en los primeros 100 días del nuevo gobierno. La expectativa es que se implementen acciones concretas para abordar la inseguridad y mejorar la confianza en el mercado. La posibilidad de que Perú ingrese a la OCDE también se presenta como un objetivo ambicioso que podría elevar los estándares de gobernanza y atraer más inversión extranjera en el largo plazo.