El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se presenta como un intento del Gobierno nacional para atraer inversiones en el sector minero, con un enfoque en la compra local del 20%. Sin embargo, las provincias, que son clave en la implementación de estos proyectos, han establecido requisitos mucho más estrictos. Por ejemplo, en Santa Cruz, la ley exige que el 90% de la mano de obra provenga de residentes locales, lo que contrasta marcadamente con el mínimo nacional. Esta disparidad en las normativas ha generado un entorno confuso y complicado para las empresas mineras que buscan operar en el país.

Las provincias argentinas han adoptado diferentes enfoques respecto a la compra local. Mientras que Santa Cruz impone un 90% de mano de obra local y un 50% de proveedores, Mendoza no cuenta con una ley de compra local, argumentando que tales cuotas crean “fronteras artificiales”. En el NOA, provincias como Salta y Jujuy han establecido requisitos de compra local que oscilan entre el 40% y el 70%, dependiendo de la etapa del proyecto. Catamarca, por su parte, fue pionera en este tipo de regulaciones, exigiendo un 70% de proveedores locales y un 70% de mano de obra de residentes con al menos dos años de antigüedad.

La situación se complica aún más con la reciente introducción de la Ley de Desarrollo Local Minero en San Juan, que busca reemplazar una norma anterior ineficaz. Esta nueva legislación establece metas ambiciosas, como que el 80% de los trabajadores sean residentes de la provincia y que el 60% de las compras anuales se destinen a proveedores locales. Sin embargo, la ley no impone restricciones que puedan afectar la libre competencia, lo que podría ser un punto a favor para atraer inversiones.

Las empresas mineras están preocupadas por esta superposición de normativas, ya que el RIGI exige un plan de desarrollo de proveedores locales con un mínimo del 20% de compras nacionales, lo que resulta en un desfasaje significativo con las exigencias provinciales. Esta situación ha llevado a un llamado a la “armonización” de las normas, donde se busca un acuerdo entre gobernadores para unificar criterios y facilitar la inversión en el sector. La Unión Industrial Argentina y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros han abogado por un marco normativo que no solo baje los pisos de compra local, sino que también genere condiciones competitivas para los proveedores argentinos.

De cara al futuro, la presión por la armonización de estas normativas podría intensificarse, especialmente con el avance del Super RIGI en el Congreso. A medida que se discuten las cláusulas de “Compre Local” en el nuevo régimen, el sector minero estará observando de cerca cómo se desarrollan estas negociaciones. La capacidad de las provincias para atraer inversiones dependerá de su habilidad para equilibrar las necesidades locales con la competitividad del sector, lo que será crucial para el futuro de la minería en Argentina.