La situación de Granja Tres Arroyos, la mayor productora avícola de Argentina, ha alcanzado un punto crítico. La empresa se encuentra en medio de negociaciones para reestructurar una deuda que asciende a aproximadamente u$s350 millones, con un plazo límite establecido para el 30 de junio. Sin embargo, la presión judicial se ha intensificado, ya que varios proveedores y acreedores han comenzado a presentar pedidos de quiebra en los tribunales, lo que complica aún más su situación financiera.

La crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos es la más profunda en su historia. A los problemas de conflictos gremiales y el cierre indefinido de su planta en La China, se suma la reducción de la faena y el atraso en el pago de salarios. La situación se ha agravado con la acumulación de demandas judiciales, donde los acreedores argumentan que la empresa se encuentra en un estado de cesación de pagos, respaldado por cheques rechazados y negociaciones fallidas. En total, la compañía enfrenta más de 3.200 cheques rechazados por un monto superior a $54.300 millones, lo que refleja un deterioro alarmante en su capacidad de pago.

Los acreedores de Granja Tres Arroyos incluyen a entidades financieras y proveedores que han comenzado a tomar acciones legales para recuperar sus deudas. Entre ellos se destaca Prevención ART, que reclama más de $4.200 millones por cuotas impagas de seguros, y otros proveedores que han presentado demandas por deudas que superan los $133 millones. Esta situación ha llevado a la empresa a buscar alternativas para obtener liquidez, incluyendo la posible venta de activos, aunque hasta ahora no se han concretado operaciones significativas que puedan aliviar su carga financiera.

La propuesta de reestructuración que la empresa ha presentado contempla quitas de hasta el 75% del capital adeudado y plazos de pago de hasta siete años. Sin embargo, el mercado muestra escepticismo sobre la capacidad de Granja Tres Arroyos para cumplir con un eventual acuerdo, especialmente dado el deterioro de su red de productores integrados. La pérdida de estos vínculos es crítica, ya que la recuperación de la actividad productiva requerirá tiempo y capital, recursos que actualmente escasean.

El 30 de junio se perfila como una fecha clave para la empresa. Si logra cerrar un acuerdo con sus acreedores, podría ganar tiempo para estabilizar sus operaciones y finanzas. De lo contrario, la acumulación de demandas y cheques rechazados podría llevar a una definición judicial que acelere su crisis, afectando no solo a la empresa, sino también a todo el sector avícola argentino, que ya enfrenta desafíos significativos en un contexto económico complicado. La situación de Granja Tres Arroyos es un reflejo de las dificultades que atraviesa la industria avícola en el país, lo que podría tener repercusiones en los precios y la oferta de productos avícolas en el mercado local.