La economía argentina enfrenta un panorama complejo, evidenciado por la reciente caída del 2,8% interanual en la industria manufacturera durante abril, según datos del Indec. En contraste, el sector minero ha mostrado un crecimiento notable, alcanzando un récord del 9,5%. Este fenómeno, que se asemeja a una 'K', indica que mientras algunos sectores se contraen, otros prosperan. La situación actual es el resultado de un enfoque de política económica que busca desinflar la economía y acumular reservas, pero que a su vez ha llevado a la Argentina a experimentar la segunda peor caída industrial del mundo entre 2024 y 2025, solo superada por Hungría. En este contexto, Brasil, Chile y Perú han logrado crecer, lo que resalta la necesidad de un cambio en la estrategia económica local.

El debate en torno a la industria argentina ya no se centra en si es conveniente tener un sector manufacturero, sino en cómo financiarlo adecuadamente. Históricamente, la industria ha dependido de dólares que la macroeconomía rara vez asegura. Sin embargo, la reciente apertura en el flujo de divisas gracias a la energía y la minería podría ofrecer una oportunidad única para financiar una industria que genera empleo. A pesar de esto, el tipo de cambio real multilateral del Banco Central se ha mantenido en niveles de 85 puntos, similares a los de 2017, lo que ha llevado a una apreciación del peso de más del 15% en términos reales durante el año. Esta situación ha provocado que el producto nacional pierda terreno frente a los bienes importados, lo que se traduce en el cierre de más de 26.448 empresas desde noviembre de 2023 y la pérdida de más de 216.000 puestos de trabajo registrados.

En este contexto, el Régimen de Incentivos a la Generación de Inversiones (RIGI) se presenta como la única política de inversión significativa. A pesar de contar con 41 proyectos en cartera que suman casi 141.000 millones de dólares, solo 16 han sido aprobados y menos de 1.000 millones de dólares han sido ejecutados, todos en sectores como minería, petróleo, gas, energía y siderurgia, sin incluir a las pequeñas y medianas empresas (pymes). El RIGI ofrece beneficios a largo plazo, como la posibilidad de disponer del 100% de las divisas de exportación desde el cuarto año y una reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25%. Sin embargo, no exige contrapartidas claras, lo que ha generado preocupación sobre su efectividad para fomentar el encadenamiento productivo local.

Un ejemplo claro de esta situación es el caso del proyecto minero Vicuña, el mayor de la historia argentina, que ha adjudicado la construcción de un campamento modular a un consorcio chino, a pesar de que una empresa nacional ofreció una propuesta más costosa. Esta decisión, que ahorra solo el 0,1% de la inversión total, podría haber generado al menos 400 empleos directos en el país. La falta de exigencias en el RIGI permite que incluso las infraestructuras para los trabajadores sean importadas, lo que plantea serias dudas sobre el impacto real de esta política en la economía local.

La experiencia internacional sugiere que la política industrial puede ser un motor de desarrollo. Por ejemplo, Indonesia ha prohibido la exportación de níquel sin procesar, lo que le ha permitido concentrar dos tercios de la producción mundial. Este tipo de estrategias, que combinan incentivos con metas claras de contenido local y empleo, son esenciales para el desarrollo sostenible de un país. Desde el Instituto Argentina Grande se propone la necesidad de conservar parte del RIGI, pero atando sus beneficios a contrapartidas verificables que fomenten el encadenamiento con proveedores locales y una mayor difusión del empleo. La Argentina tiene la oportunidad de recuperar su tradición de medir el desarrollo por la calidad de vida de sus trabajadores, y es crucial que se aproveche esta ventana para construir un futuro más inclusivo y sostenible.