La tendencia de la tarifa cero en el transporte público en Brasil ha comenzado a mostrar signos de retroceso. Según un estudio de la Asociación Nacional de Empresas de Transportes Urbanos (NTU), por primera vez desde la implementación del pase libre, varias municipalidades han decidido cancelar la gratuidad en el transporte colectivo, citando problemas de financiamiento. Actualmente, 143 municipios ofrecen transporte gratuito, pero el ritmo de adopción ha disminuido significativamente, pasando de 31 nuevas incorporaciones en 2023 a solo ocho en 2024.

Entre los municipios que han optado por suspender el pase libre se encuentran Monte Mor y Paulínia en São Paulo, así como Porto Real en Río de Janeiro. Además, São Caetano do Sul ha restringido la gratuidad solo a los residentes que se registren en el sistema. Este cambio es indicativo de la presión que enfrentan las finanzas públicas, ya que muchas municipalidades no pueden sostener el modelo de tarifa cero debido a la falta de recursos estables.

El estudio de la NTU revela que la mayoría de los municipios que mantienen la tarifa cero son de menor tamaño, con aproximadamente el 65% de ellos teniendo menos de 50,000 habitantes. Solo 14 municipios con más de 100,000 habitantes continúan ofreciendo este beneficio. Un ejemplo positivo es Canoas en Río Grande del Sur, que ha extendido su programa de tarifa cero hasta 2026, mientras que Itaboraí en Río de Janeiro es una de las incorporaciones más recientes en esta categoría.

El costo del transporte colectivo en Brasil asciende a aproximadamente R$ 75,7 mil millones anuales. La NTU estima que una universalización de la tarifa cero requeriría un aumento del 20% en la flota nacional para satisfacer la demanda, lo que elevaría el costo total a entre R$ 90,7 mil millones y R$ 100 mil millones. Este aumento en la demanda ha llevado a incrementos en el volumen de viajes de entre el 33% y el 371% en los municipios donde se ha implementado la gratuidad.

Mientras las municipalidades ajustan sus políticas, en Brasilia se discuten nuevas formas de financiamiento para el transporte público. El Ministerio de las Ciudades ha informado que el Ministerio de Hacienda está evaluando un modelo nacional de transporte inspirado en el Sistema Único de Salud (SUS), conocido como el "SUS del Transporte", que podría costar alrededor de R$ 65 mil millones anuales. También se está considerando un proyecto de ley que propone reemplazar el descuento actual del 6% en el vale-transporte por una contribución fija de los empleadores, lo que podría generar hasta R$ 100 mil millones anuales para financiar la movilidad urbana.

En el ámbito legislativo, se ha avanzado con la aprobación del Marco Legal del Transporte Público Colectivo Urbano, que ahora espera la sanción presidencial. Este marco establece la separación entre la tarifa técnica, que refleja el costo real de operación, y la tarifa pública, que es la que efectivamente paga el pasajero. Además, se requiere que cualquier subsidio al sistema tenga una fuente de financiamiento definida por ley, lo que podría tener un impacto significativo en la sostenibilidad del transporte público en el futuro.