El gobierno chileno presentó esta semana un decreto de política fiscal para el periodo 2026-2030 que establece un déficit estructural del 1,5% del PIB. Este anuncio se interpreta de dos maneras: como un reconocimiento de que no se logrará el equilibrio fiscal prometido, o como un paso honesto hacia la transparencia fiscal, ya que se revela un déficit estructural actual del 2,6%. Además, se menciona que la deuda está presionando el límite del 45%, lo que indica una situación fiscal delicada que requiere atención inmediata.

Históricamente, Chile ha enfrentado más de una década de déficits estructurales, una tendencia que se ha acentuado desde la pandemia. Las reformas tributarias previas, como la de 2014, prometieron aumentar la recaudación para financiar un gasto permanente, pero resultaron en un estancamiento de la inversión y un crecimiento tendencial decreciente. Este contexto resalta la necesidad de abordar no solo la recaudación impositiva, sino también la calidad y eficiencia del gasto público, que ha sido un tema ausente en el debate fiscal.

Los cambios estructurales en la política fiscal requieren tiempo, y el plazo de cuatro años establecido por el nuevo plan puede no ser suficiente para revertir una década de deterioro fiscal. Sin embargo, la voluntad del gobierno de implementar recortes impopulares y establecer metas explícitas es un cambio significativo en un país que ha estado acostumbrado a soluciones rápidas y promesas vacías. Este enfoque podría sentar las bases para una recuperación fiscal más sostenible en el futuro.

Para los inversores, la implementación de este plan fiscal podría tener implicaciones directas en el mercado de bonos y en la percepción de riesgo del país. Un déficit estructural más bajo podría llevar a una mejora en la calificación crediticia de Chile, lo que a su vez podría reducir los costos de financiamiento para el gobierno y las empresas. Sin embargo, el camino hacia la estabilidad fiscal no será fácil, y es probable que surjan críticas y revisiones a lo largo del proceso, especialmente del Consejo Fiscal Autónomo.

A futuro, será crucial monitorear la evolución de este plan fiscal y su impacto en la economía chilena. Los próximos años serán determinantes para evaluar si el gobierno puede cumplir con sus metas de reducción del déficit y si se implementan reformas adicionales que aborden la calidad del gasto. Además, el contexto regional, especialmente en relación con Brasil y otros países de América Latina, también influirá en la percepción de riesgo y en las decisiones de inversión en la región.