El Gobierno argentino avanza en la implementación de una nueva versión de la Ley de Inocencia Fiscal, diseñada para brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y facilitar la incorporación de ahorros no declarados al sistema financiero. Este proyecto, que aún debe ser debatido en el Congreso, busca regularizar los conocidos 'dólares del colchón', aquellos ahorros que permanecen fuera del circuito formal. Entre las modificaciones más significativas se encuentra la eliminación de los límites de ingresos y patrimonio que restringían el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias, lo que amplía considerablemente el número de contribuyentes elegibles.

La versión anterior de la ley establecía que solo podían acceder al régimen aquellos con ingresos anuales inferiores a $1.000 millones y un patrimonio menor a $10.000 millones. Con la eliminación de estos topes, se abre la puerta a un mayor número de contribuyentes, incluidos aquellos con altos patrimonios y operaciones financieras significativas. Según César Litvin, CEO de Lisicki, Litvin & Asociados, esta modificación permitirá que más contribuyentes, sin importar su nivel de ingresos o patrimonio, puedan beneficiarse del régimen simplificado, lo que podría resultar en un aumento en la formalización de ahorros.

Además, el proyecto establece una ventana temporal hasta el 31 de diciembre de 2027 para que los contribuyentes puedan utilizar dinero no declarado sin que esto implique reconocer irregularidades pasadas. Aunque la norma evita mencionar explícitamente el blanqueo, en la práctica, funciona como una regularización con un plazo definido y con protección respecto al pasado fiscal de esos recursos. Este aspecto es crucial, ya que permite a los contribuyentes canalizar sus ahorros hacia inversiones, consumo o adquisición de bienes registrables sin temor a represalias fiscales.

Otro cambio importante es la consideración de los fondos exteriorizados como parte del patrimonio desde la fecha de la operación en la que sean utilizados. Esto busca prevenir que los contribuyentes enfrenten reclamos retroactivos por el Impuesto sobre los Bienes Personales. Asimismo, se establece que los pagos en efectivo en operaciones inmobiliarias serán compatibles con el régimen hasta la misma fecha límite, incentivando así la inversión en el sector inmobiliario. Este enfoque podría resultar en un aumento de la actividad en el mercado inmobiliario argentino, que ha estado estancado en los últimos años debido a la incertidumbre económica.

Sin embargo, a pesar de las mejoras introducidas, persisten preocupaciones entre los especialistas. La posibilidad de perder los beneficios del régimen por el cómputo improcedente de retenciones, percepciones o pagos a cuenta sin un umbral mínimo de tolerancia sigue siendo un punto delicado. Alberto Mastandrea, socio de Impuestos de BDO, advierte que esta situación podría convertir errores menores en causales de pérdida de beneficios, lo que podría desalentar a algunos contribuyentes a participar en el régimen. En general, los cambios propuestos buscan otorgar mayor seguridad jurídica y facilitar la formalización de ahorros, pero es fundamental que se aborden las inquietudes existentes para maximizar la efectividad de la ley.

A futuro, será crucial seguir de cerca el debate en el Congreso y la eventual aprobación de esta ley. La fecha límite de diciembre de 2027 para la regularización de ahorros no declarados establece un marco temporal que podría influir en las decisiones de inversión de los contribuyentes. Además, la forma en que se implementen y regulen estos cambios será determinante para evaluar su impacto en la economía argentina y en el comportamiento de los inversores en el mercado inmobiliario y financiero.