El Gobierno argentino, ante la falta de señales claras de reactivación en los sectores que generan mayor empleo, se prepara para avanzar en su plan de reforma laboral. La Secretaría de Trabajo, liderada por Julio Cordero, planea convocar a gremios y cámaras empresariales para renegociar más de 100 convenios colectivos que han vencido. Este movimiento se apoya en los recientes decretos 407 y 408, que otorgan a la Secretaría un mayor poder para modificar las relaciones laborales en el país.

Los nuevos decretos reglamentan aspectos clave de la reforma laboral, que buscan descentralizar la negociación colectiva y promover convenios a nivel de empresa. Esto implica una reducción en los aportes a los gremios y la eliminación de la ultraactividad de los convenios, que hasta ahora permitía que estos permanecieran vigentes sin necesidad de ratificación. La Secretaría de Trabajo tiene un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia del decreto para convocar a las partes a renegociar, y se espera que esta convocatoria incluya a representantes de más de un centenar de sectores.

La intención del Gobierno es aprovechar la nueva normativa para revisar las condiciones laborales y salariales en un contexto donde el empleo informal alcanza el 43%, afectando a unos 9 millones de trabajadores. A pesar de la aprobación de la Ley Bases en julio de 2024, que eliminó sanciones a empresas por no registrar empleados, el empleo formal ha disminuido, con más de 200.000 puestos asalariados perdidos en dos años. Esto ha llevado a un aumento en el empleo no registrado, que creció en 330.000 trabajadores durante el mismo período.

Los cambios propuestos por el Gobierno incluyen la extensión de la jornada laboral y la vinculación de salarios a la productividad, en medio de un contexto de cierre de empresas. Recientemente, la mayor firma avícola del país, Granja Tres Arroyos, cerró su planta en Entre Ríos, lo que ha generado movilizaciones por parte de gremios como el del neumático, que protestarán contra los cierres. La CGT ha manifestado su preocupación por el riesgo de conflictos laborales si se abren todos los convenios, especialmente ante la creación de un límite de retención a los trabajadores por aportes solidarios.

La reforma laboral se presenta como una estrategia del Gobierno para crear empleo formal, aunque la efectividad de estas medidas es cuestionada por diversos sectores. La descentralización de la negociación colectiva, impulsada por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, busca romper con un sistema laboral que muchos consideran obsoleto. Sin embargo, la implementación de esta estrategia enfrenta desafíos significativos, ya que muchas empresas no están adheridas a cámaras o asociaciones, lo que complica la representación y negociación a nivel sectorial.

De cara al futuro, será crucial observar cómo se desarrollan estas negociaciones y si realmente se logra un cambio en las condiciones laborales. La respuesta de los gremios y la reacción de los trabajadores ante estas reformas serán determinantes para el clima laboral en el país. Además, el Gobierno deberá manejar con cuidado la tensión entre los sectores empresariales y sindicales para evitar un aumento en los conflictos laborales, que podrían afectar aún más la ya frágil situación económica del país.