La morosidad de los hogares argentinos ha alcanzado un alarmante 11,2% en febrero de 2026, el nivel más alto en dos décadas, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central. Este incremento es notable, dado que un año antes, la morosidad se situaba en un 2,9%. Este aumento refleja la creciente dificultad que enfrentan muchas familias para cumplir con sus obligaciones crediticias, lo que ha llevado a que el Congreso considere proyectos de ley para intervenir en las reglas del crédito.

Es importante contextualizar este dato. Argentina partía de niveles de morosidad inusualmente bajos en comparación con otros países de la región, donde las tasas de mora de hogares suelen estar en torno al 4% o 5%. Las proyecciones sugieren que la morosidad podría estabilizarse alrededor del 8% en los próximos meses, un nivel más alineado con los promedios regionales. Sin embargo, este aumento en la morosidad se ha visto impulsado por el uso excesivo de créditos personales y tarjetas de crédito por parte de las familias, que han recurrido a estos instrumentos para cubrir gastos básicos, pero que ahora enfrentan dificultades para pagar.

El impacto de esta situación es desigual. Mientras que las familias enfrentan una mora del 11,2%, las empresas, en particular las grandes, presentan niveles de mora significativamente más bajos, con un 2,9%. Este contraste se debe a que el crédito a las pymes nunca alcanzó los niveles del crédito al consumo masivo, lo que ha protegido a estas empresas de un sobreendeudamiento. Además, la volatilidad de las tasas de interés en la segunda mitad de 2025 ha exacerbado la situación, con un spread entre tasas activas y pasivas que superó el 250%. Esta situación ha llevado a muchos bancos a frenar el otorgamiento de nuevos créditos, lo que a su vez ha aumentado la presión sobre las familias.

Las medidas propuestas en el Congreso para intervenir en el mercado de crédito, como el congelamiento de pagos y la implementación de topes a las tasas de interés, podrían tener consecuencias no deseadas. Los economistas advierten que tales intervenciones podrían llevar a los bancos a endurecer los requisitos para otorgar créditos, lo que limitaría aún más el acceso al financiamiento, especialmente para los hogares de ingresos medios y bajos. En un contexto donde el ratio de crédito al sector privado sobre el PBI en Argentina es de apenas 13,6%, comparado con un promedio de 45% en América Latina, cualquier medida que desincentive el otorgamiento de crédito podría tener un efecto negativo en la construcción del sistema financiero.

A medida que se discuten estas propuestas, es crucial que los legisladores y el público en general comprendan la importancia de la educación financiera. Las familias que entienden conceptos básicos como la tasa de interés y la capacidad de pago son menos propensas a caer en la trampa del sobreendeudamiento. La solución a largo plazo no radica solo en la regulación del crédito, sino en empoderar a los ciudadanos con el conocimiento necesario para tomar decisiones financieras informadas. Este enfoque podría ayudar a mitigar la morosidad y fomentar un entorno financiero más saludable en el futuro.