La reactivación económica en Argentina muestra una clara asimetría sectorial. Mientras que los sectores de energía, minería y agro reciben la mayor parte de las inversiones privadas gracias al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), el sector de la construcción enfrenta una parálisis significativa debido a la falta de financiamiento a largo plazo. En este contexto, la atención se ha centrado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, considerado por algunos como un posible salvavidas para el sector de la construcción.

Durante el último congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el economista Miguel Kiguel subrayó la necesidad de utilizar los recursos del FGS para abordar la dualidad de la macroeconomía argentina, que opera a “dos velocidades”. A pesar de que el fondo tiene recursos significativos, su uso ha sido limitado, lo que ha llevado a cuestionar la falta de voluntad del Gobierno para intervenir en el mercado de crédito. Kiguel argumentó que el FGS podría ser un vehículo clave para financiar proyectos de infraestructura, que son esenciales para revitalizar la economía.

El interés del sector privado en acceder a los fondos del FGS se basa en la incapacidad de la banca comercial local para asumir el riesgo de grandes proyectos de infraestructura. La normativa actual limita la exposición de los bancos a este tipo de financiamiento, mientras que el FGS tiene la capacidad de estructurar financiamiento a través de fideicomisos financieros y obligaciones negociables. Además, la banca privada está viendo una oportunidad en el mercado de créditos hipotecarios, especialmente con la estabilidad de los contratos indexados por UVA, que podrían atraer inversiones a largo plazo.

Históricamente, el FGS ha jugado un papel crucial en el financiamiento de grandes obras energéticas en Argentina, como la central nuclear Atucha 2 y diversas centrales térmicas. Sin embargo, la situación actual del fondo refleja un crecimiento patrimonial, impulsado por la valorización de activos en dólares, pero también una creciente desintermediación financiera hacia la economía real. Entre diciembre de 2023 y abril de 2026, el patrimonio del FGS pasó de $40 billones a $113 billones, mientras que su exposición a títulos públicos nacionales ha aumentado significativamente, lo que plantea interrogantes sobre su capacidad para financiar proyectos de infraestructura.

Con la creciente presión para utilizar los recursos del FGS, la discusión sobre su destino y la intangibilidad de estos fondos se vuelve más relevante. La reciente reforma propuesta para liquidar activos del FGS y transferirlos al Tesoro Nacional encontró resistencia en el Congreso, lo que ha llevado a la situación actual donde el Gobierno tiene limitaciones para disponer de estos recursos. A medida que la economía argentina busca alternativas para financiar la construcción y otros sectores, el debate sobre el uso del FGS se intensificará, y será crucial observar cómo evoluciona esta situación en los próximos meses, especialmente con las elecciones y la necesidad de reactivar la economía.

En resumen, la presión para utilizar el FGS como una herramienta de financiamiento para la construcción podría cambiar el panorama económico en Argentina. Con un patrimonio significativo y la capacidad de financiar proyectos a largo plazo, el FGS podría ser clave para revitalizar un sector que ha estado estancado. Sin embargo, la resistencia política y las limitaciones normativas seguirán siendo obstáculos importantes en este proceso.