El 3 de junio de 2026, un amplio grupo de 328 entidades, que incluye asociaciones empresariales, de la sociedad civil, inversores y entidades financieras, se unió para solicitar a la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) de Brasil que reconsidere su reciente decisión de eliminar la obligatoriedad del reporte de sostenibilidad para las empresas que cotizan en bolsa. Este cambio, que fue formalizado en la resolución CVM 244, ha generado un fuerte rechazo en el sector, ya que muchos consideran que representa un retroceso en la transparencia corporativa que Brasil había logrado en los últimos años.

La revocación de esta obligación se produjo a raíz de un pedido de la Asociación Brasileña de Compañías Abiertas (Abrasca), que había solicitado un aplazamiento en la implementación de estas normas. Sin embargo, la CVM había reafirmado la obligatoriedad del reporte en febrero de este año, lo que hace que la decisión reciente sea aún más controvertida. La carta firmada por las 328 entidades destaca que el reporte de sostenibilidad es crucial para asegurar la comparabilidad de la información financiera y para atraer inversiones hacia actividades que apoyen la transición hacia una economía de bajo carbono.

Históricamente, Brasil ha sido un líder en la adopción de estándares de sostenibilidad, siendo uno de los primeros países en implementar los principios del International Sustainability Standards Board (ISSB). La eliminación de esta obligación podría poner en riesgo este liderazgo y afectar la percepción internacional sobre la transparencia y la responsabilidad ambiental de las empresas brasileñas. Además, el grupo de entidades firmantes argumenta que la falta de un reporte obligatorio podría debilitar la gestión de riesgos climáticos y la transparencia en el mercado, lo que podría tener repercusiones negativas para los inversores.

Desde el punto de vista de los inversores, la revocación del reporte de sostenibilidad podría generar un aumento en la incertidumbre respecto a la información financiera de las empresas. Esto podría llevar a una mayor volatilidad en los precios de las acciones de las empresas que dependen de la confianza de los inversores en su compromiso con prácticas sostenibles. Además, la falta de transparencia podría hacer que algunos inversores reconsideren su exposición al mercado brasileño, especialmente aquellos que priorizan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus decisiones de inversión.

A futuro, será importante monitorear la respuesta de la CVM ante la presión de estas 328 entidades. Se espera que se convoque una audiencia para discutir la revocación de la obligación de reporte, lo que podría abrir la puerta a un posible regreso de esta normativa. La situación también podría influir en las decisiones de política económica del gobierno brasileño, especialmente en un contexto donde la sostenibilidad y la inversión responsable son cada vez más relevantes en el ámbito global. Los inversores deben estar atentos a cualquier anuncio oficial de la CVM en las próximas semanas, así como a las reacciones del mercado ante esta controversia.