La Corte de Apelaciones de los Estados Unidos ha decidido no revisar el fallo del 27 de marzo, que favoreció al Estado argentino en el litigio por la expropiación de YPF. Este fallo había determinado que Argentina no debía pagar los USD 16.000 millones que reclamaba Burford Capital, el fondo demandante. La corte argumentó que, aunque la expropiación violó el estatuto de YPF, la ley aprobada por el Congreso para la enajenación de acciones tiene un estatus jurídico superior, lo que refuerza la posición del país en esta disputa legal.

Desde la Procuración del Tesoro de Argentina se celebró este resultado como un respaldo a la defensa jurídica del Estado. La decisión del tribunal no solo evita un pago significativo, sino que también marca un hito en la defensa de los intereses nacionales. El presidente de YPF, Horacio Marín, destacó que este fallo permite consolidar el Plan 4x4 de la empresa, que busca impulsar las exportaciones y proyectar a Argentina como un proveedor confiable de energía a nivel global.

Burford Capital, que había solicitado la revisión del fallo, ahora tiene dos opciones: intentar un recurso ante la Corte Suprema de EE.UU., que tiene una tasa de aceptación de casos muy baja (entre el 1 y 2%), o iniciar un litigio en el tribunal del Ciadi, un mecanismo de arbitraje del Banco Mundial. Este último camino es considerado por algunos expertos como una alternativa más viable, aunque Argentina ha sido uno de los países más demandados en este foro.

El fallo de la Corte de Apelaciones refuerza la posición de Argentina en un contexto donde el país busca atraer inversiones y mejorar su imagen internacional. La decisión también tiene implicancias para el sector energético, ya que la estabilidad jurídica es un factor clave para los inversores. La situación de YPF se vuelve crítica en el marco de la transición energética global y la necesidad de Argentina de posicionarse como un jugador relevante en el suministro de recursos energéticos.

A futuro, será importante monitorear si Burford decide llevar el caso a la Corte Suprema de EE.UU. o si opta por el Ciadi. El plazo para presentar un recurso ante la Corte Suprema es de 90 días, lo que significa que, para fines de agosto, podríamos tener claridad sobre los próximos pasos de Burford. Además, la evolución del Plan 4x4 de YPF y su impacto en las exportaciones energéticas será un indicador clave de la salud del sector en los próximos años.