La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York ha rechazado la apelación presentada por el fondo Burford Capital en el juicio relacionado con la estatización de YPF. Esta decisión, anunciada el martes, significa que el fallo a favor de Argentina, que excluyó a YPF del caso y evitó un pago de aproximadamente 16.000 millones de dólares más intereses, se mantiene. La única opción que les queda a los demandantes es recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que podría extender el proceso judicial por varios meses más.

El director de YPF, Horacio Marín, celebró la decisión, afirmando que esta confirma la posición del país y permite a la empresa avanzar en su Plan 4x4, que busca consolidar su posición como proveedor de energía confiable a nivel mundial. Este plan incluye un enfoque en el aumento de exportaciones y la proyección hacia el año 2031. La Procuración del Tesoro de la Nación también destacó la solidez jurídica de la defensa argentina, señalando que este fallo representa un hito en la defensa de los intereses del Estado nacional.

El juicio por la expropiación de YPF comenzó en 2015 y, tras un fallo adverso en primera instancia en 2023, donde se condenó a Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares, el país había apelado. La jueza Loretta Preska había determinado que Argentina violó los derechos de los accionistas minoritarios durante la estatización de 2012. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones concluyó que la interpretación de la ley argentina en la instancia anterior fue errónea, lo que llevó a la revocación de la condena.

Las implicancias de esta decisión son significativas para el entorno económico argentino. La confirmación del fallo a favor de Argentina no solo evita un desembolso millonario, sino que también permite a YPF concentrarse en sus planes de expansión y desarrollo. Esto es crucial en un momento en que el país busca aumentar su producción energética y mejorar su balanza comercial. La estabilidad en el sector energético podría tener un efecto positivo en la confianza de los inversores, especialmente en un contexto donde la economía argentina enfrenta desafíos estructurales.

Mirando hacia el futuro, la atención se centrará en los próximos pasos que tomarán los demandantes en la Corte Suprema. Tienen un plazo de 90 días para presentar su apelación, y con el receso de verano de la Corte que comienza el 31 de julio y termina el 2 de octubre, es probable que la presentación se realice en breve. Si no se presenta a tiempo, la decisión podría demorar hasta el próximo año. Esto generará un período de incertidumbre que los inversores deberán monitorear de cerca, dado que cualquier cambio en el estatus de este caso podría afectar la percepción de riesgo asociado a las inversiones en Argentina.