La Justicia de Tucumán investiga a los abogados Alfredo y Silvia Aydar por una presunta estafa que involucra una indemnización millonaria. La denuncia proviene de una joven de 21 años que fue víctima de abuso sexual y que, según se alega, fue manipulada para que los letrados se quedaran con el dinero que le correspondía. La fiscalía, liderada por Carlos Saltor, ha comenzado a recopilar pruebas que incluyen audios y chats de WhatsApp que podrían evidenciar la manipulación psicológica ejercida sobre la joven.

El caso se centra en un acuerdo de reparación integral que la joven logró tras su experiencia traumática, que incluía la entrega de una camioneta Ford Ranger 4x4, valuada en aproximadamente 50 millones de pesos. Sin embargo, la situación se complicó cuando, tras la venta del vehículo a un allegado de los abogados por 33,5 millones de pesos, se alega que estos tomaron control del dinero. La denuncia sugiere que los abogados convencieron a la joven de no bancarizar el dinero, utilizando tácticas de intimidación relacionadas con el miedo a un posible “corralito” y a la inseguridad en su barrio.

La investigación ha revelado que los abogados habrían utilizado el dinero de la joven en supuestos préstamos a terceros, prometiendo un interés mensual del 2,5%. Sin embargo, una auditoría preliminar ha encontrado irregularidades significativas, incluyendo la falta de contratos, garantías y la identificación de prestatarios. Esto sugiere que las operaciones podrían haber sido realizadas sin la autorización necesaria, lo que podría llevar a una investigación adicional en el ámbito federal por parte del Banco Central.

La situación plantea serias implicancias para el sector legal y financiero en Argentina. La falta de regulación y supervisión en la intermediación financiera podría dar lugar a un aumento en la desconfianza hacia los abogados y a un mayor escrutinio por parte de las autoridades. Además, este caso podría abrir un debate sobre la necesidad de una mayor protección para las víctimas de abuso, quienes a menudo se encuentran en situaciones vulnerables y son susceptibles a la manipulación.

A futuro, es crucial seguir la evolución de este caso, ya que podría sentar un precedente en la forma en que se manejan las indemnizaciones y las relaciones entre abogados y sus clientes. La fiscalía está trabajando para desentrañar el paradero del dinero y determinar si se han cometido otros delitos financieros. La resolución de este caso podría influir en la percepción pública sobre la ética profesional en el ámbito legal y en la confianza en el sistema judicial argentino.