Un reciente informe de la consultora MAP ha revelado un alarmante crecimiento del contrabando en Argentina, que ha pasado de representar el 7% al 35% del mercado de celulares en solo dos años. Este fenómeno, que afecta a diversas industrias, ha sido impulsado por la eliminación de controles y regulaciones que antes ayudaban a combatirlo. En 2025, el contrabando en el mercado de celulares generó ingresos de aproximadamente 1.858 millones de dólares, mientras que las ventas de productos nacionales alcanzaron 2.311 millones de dólares. Esto significa que uno de cada tres celulares vendidos en el país proviene de canales ilegales, lo que representa un desafío significativo para la economía formal y para las empresas que operan dentro de la ley.

El contrabando no solo afecta al sector de la telefonía móvil. En el ámbito de la cerveza, se estima que el 40% de la mercadería en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tiene un origen ilegal. En el sector de neumáticos, la cifra supera el 30%, y en agroquímicos, ya se encuentra en torno al 15%. Estos datos reflejan un patrón preocupante que se extiende a otros productos como cigarrillos, donde el 10% del mercado es ilegal, principalmente proveniente de la frontera norte del país. La magnitud del contrabando está erosionando la base impositiva del Estado, que dejó de percibir alrededor de 2.300 millones de dólares en ingresos fiscales a fines de 2025, afectando áreas críticas como la educación y la salud.

Las empresas formales enfrentan una carga impositiva considerable, que puede alcanzar hasta el 34% del costo del producto, lo que las coloca en desventaja frente a los competidores ilegales. Este escenario no solo perjudica a las empresas, sino que también afecta al consumidor, que se expone a productos de calidad inferior y sin garantías. La OCDE ha señalado que el contrabando socava la salud económica y la innovación de los sectores formales, creando un entorno donde las empresas que cumplen con las regulaciones enfrentan mayores costos y riesgos.

Desde el Ministerio de Seguridad, se han implementado nuevas estrategias para combatir el contrabando, incluyendo un aumento en los controles fronterizos y la colaboración con el sector privado para desarrollar investigaciones sectoriales. Sin embargo, el crecimiento del comercio electrónico ha ampliado el alcance del contrabando, facilitando la conexión directa entre oferentes y demandantes. Este cambio en el paradigma comercial requiere una respuesta más robusta y coordinada para abordar el fenómeno de manera efectiva.

A futuro, es crucial que los inversores y las empresas mantengan un seguimiento cercano de las políticas gubernamentales y las iniciativas de control del contrabando. La implementación de regulaciones más estrictas y la mejora en la trazabilidad de los productos podrían ser pasos necesarios para restaurar la confianza en el mercado formal. Además, la evolución del comercio electrónico y su impacto en el contrabando debe ser monitoreada, ya que se estima que este canal representará el 30% del comercio antes de 2030. Las experiencias de otros países, como Estados Unidos y Colombia, que han implementado leyes específicas contra el contrabando, pueden ofrecer valiosas lecciones para Argentina.