El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha tomado medidas contra Mercado Libre, abriendo un expediente por presuntas infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor. Esta investigación podría resultar en una multa de hasta $1.815 millones, lo que representa un desafío significativo para la empresa. Las autoridades provinciales han señalado que se han detectado más de diez cláusulas en los contratos de adhesión de Mercado Libre y Mercado Pago que podrían ser consideradas abusivas, generando un desequilibrio en perjuicio de los usuarios.

La Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, bajo el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, ha sido la encargada de revisar las condiciones generales de uso del ecosistema de Mercado Libre. Este análisis ha revelado preocupaciones sobre la falta de información clara sobre tarifas, la posibilidad de que la empresa modifique unilateralmente los términos y condiciones, y la transferencia de responsabilidades al usuario en casos de fraudes o accesos indebidos. Además, se cuestionan cláusulas que limitan la responsabilidad de la compañía ante fallas técnicas y que permiten débitos sobre cuentas de terceros vinculadas al usuario.

Desde el inicio de la investigación, Mercado Libre ha rechazado las acusaciones, afirmando que sus términos y condiciones son claros y cumplen con la normativa vigente. La empresa ha destacado que millones de personas utilizan sus plataformas diariamente y que el número de reclamos es bajo en relación con el volumen de operaciones. Sin embargo, el gobierno provincial ha subrayado que Mercado Libre ha encabezado el ranking de reclamos recibidos por Defensa del Consumidor, acumulando 2.396 denuncias individuales en el primer cuatrimestre del año, lo que ha motivado esta acción.

El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, ha defendido la actuación del gobierno, argumentando que la investigación se basa en el elevado número de reclamos contra la compañía. Las denuncias incluyen problemas con devoluciones de productos, cláusulas abusivas y fraudes, lo que ha llevado a las autoridades a revisar los términos y condiciones que los usuarios aceptan al registrarse en la plataforma. Costa ha enfatizado que la Ley de Defensa del Consumidor busca equilibrar la relación entre una empresa con el poder de Mercado Libre y los usuarios, garantizando derechos básicos.

El desenlace de esta investigación podría tener implicaciones significativas para el sector fintech y de comercio electrónico en Argentina. Si Mercado Libre acepta adecuar o eliminar las cláusulas cuestionadas, el proceso podría cerrarse sin sanciones. Sin embargo, si no se llega a un acuerdo, la empresa podría enfrentar una multa considerable, lo que podría afectar su operación y reputación en el mercado. Además, la situación se complica con otros conflictos regulatorios que enfrenta la compañía, incluyendo una disputa con Modo y entidades bancarias por prácticas anticompetitivas, lo que podría generar un clima de incertidumbre en el ecosistema de pagos digitales en la región.