Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) revela que, para cumplir con la meta de superávit primario del 1,4% del PBI acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2026, el Gobierno argentino deberá realizar un ajuste significativo en el gasto público no indexado. Este ajuste se estima en más del 6% en términos reales, lo que implica una caída cercana al 47% en el gasto no indexado en un periodo de tres años. Mientras tanto, las jubilaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares se mantendrían prácticamente sin cambios en términos reales respecto a 2023, lo que sugiere que el ajuste se concentrará en otras áreas del gasto público.

El informe de IARAF detalla que el presupuesto original para 2026 preveía un crecimiento real interanual del 6,7% en los ingresos tributarios y del 6% en el gasto primario. Sin embargo, los datos del primer cuatrimestre de 2026 muestran una caída del 6,7% en la recaudación tributaria real interanual, afectando a ocho de los nueve principales tributos. Esta situación ha llevado a los analistas a calificar de "imposible cumplimiento" la meta de superávit prevista en el presupuesto, dado que para alcanzarla se requeriría un aumento del 13,2% en la recaudación en los últimos ocho meses del año.

La proyección del IARAF indica que, si la recaudación tributaria nacional cayera un 5% real interanual en 2026, el gasto primario no indexado debería reducirse en un 10,8% para mantener el superávit. En contraste, si los ingresos crecieran un 3% real interanual, el gasto no indexado podría aumentar un 6,5%. Este tipo de ajustes son críticos para la sostenibilidad fiscal del país, especialmente en un contexto donde la presión inflacionaria y la incertidumbre económica son constantes.

El deterioro en la recaudación tributaria también se refleja en el resultado primario, que mostró una baja real interanual del 11% en el primer cuatrimestre. A medida que los ingresos se reducen más rápidamente que el gasto, la situación fiscal se complica, lo que podría llevar a un aumento en la emisión monetaria si el Gobierno no logra equilibrar sus cuentas. Los inversores deben estar atentos a cómo se implementarán estos ajustes y qué áreas del gasto se verán más afectadas, ya que esto podría influir en la estabilidad económica y en la confianza del mercado.

A futuro, el IARAF advierte que la implementación de la ley de financiamiento universitario, actualmente judicializada, podría agregar presión adicional al gasto público. Si la justicia permite su implementación, se requerirán recortes adicionales en otras partidas del gasto no indexado para financiar el costo fiscal asociado. La situación fiscal de Argentina es crítica, y los próximos meses serán determinantes para evaluar la capacidad del Gobierno de cumplir con sus compromisos ante el FMI y estabilizar la economía en un contexto regional que también enfrenta desafíos significativos, especialmente en Brasil, donde la política fiscal y monetaria podría influir en la dinámica económica de toda la región.