La deuda interna del Gobierno colombiano ha alcanzado niveles alarmantes, superando en $125 billones el total de la deuda que los ciudadanos tienen con el sistema financiero. Este incremento se ha producido en un contexto donde la cartera bruta de crédito ha crecido apenas $142 billones en los últimos cuatro años, lo que pone de manifiesto un desbalance significativo entre el endeudamiento estatal y el de los ciudadanos. La administración de Gustavo Petro se encuentra bajo la lupa, ya que el país enfrenta presiones crecientes sobre su deuda pública, especialmente en el ámbito interno.

Durante los últimos cuatro años, la deuda interna del Ejecutivo ha crecido en $386 billones, mientras que la deuda de los colombianos con el sistema financiero ha aumentado en una proporción mucho menor. Según el presidente de Anif, José Ignacio López, esta situación no solo refleja un aumento en la necesidad de financiamiento del Gobierno, sino que también ha contribuido a mantener altas las tasas de interés en el mercado local. Con una deuda bruta total que alcanza los $1.215 billones, de los cuales $865,8 billones son deuda interna, el país se enfrenta a un panorama financiero complicado.

El informe del Ministerio de Hacienda revela que, en comparación con agosto de 2022, la deuda ha aumentado en $410,5 billones, lo que equivale a un incremento diario de aproximadamente $313.000 millones. Este crecimiento ha sido impulsado en un 90% por el componente interno, lo que indica que el Gobierno está recurriendo a financiamiento interno para cubrir sus déficits fiscales. La situación es crítica, ya que el saldo en caja del Gobierno ronda los $6,6 billones, un 68% por debajo del promedio histórico, lo que evidencia una brecha significativa entre ingresos y gastos.

Las implicancias para los inversores son claras. La presión sobre la deuda pública podría llevar a un aumento en las tasas de interés, lo que afectaría tanto a los bonos del Gobierno como a los créditos en el sector privado. Además, la necesidad de financiamiento constante del Gobierno podría resultar en una mayor emisión de títulos de deuda, lo que podría diluir el valor de los activos existentes en el mercado. Los analistas advierten que el déficit proyectado para 2026 podría alcanzar el 6,7% del PIB, lo que sugiere que el panorama no mejorará en el corto plazo.

De cara al futuro, es crucial monitorear las decisiones del Gobierno en relación con su política fiscal y la emisión de deuda. Las inscripciones de testigos electorales para las elecciones del 31 de mayo son un evento importante que podría influir en la percepción del mercado sobre la estabilidad política y económica del país. Además, la hoja de ruta del Gobierno para enfrentar el impacto climático y garantizar la energía también será un factor a considerar en la evaluación del riesgo país y en la estrategia de inversión en la región.