Colombia enfrenta un desafío significativo en la infraestructura de carga para vehículos eléctricos e híbridos. Con un total de 77.215 vehículos registrados hasta mayo de 2026, el país cuenta únicamente con 229 electrolineras, lo que se traduce en un punto de carga por cada 337 autos eléctricos. Este desbalance plantea interrogantes sobre la capacidad del país para soportar una adopción masiva de tecnologías de movilidad eléctrica, especialmente en un contexto donde las ventas de estos vehículos están en auge, con un crecimiento del 207% en comparación con el año anterior.

La concentración de electrolineras es otro aspecto preocupante. Cuatro de cada diez puntos de carga se encuentran en Bogotá, lo que deja a otras regiones con escasa infraestructura. Enel, Terpel y EPM son los principales operadores, con Enel liderando con 101 puntos, de los cuales 67 están en la capital. Esta distribución desigual sugiere que las regiones periféricas podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a la infraestructura necesaria para la carga de vehículos eléctricos, lo que podría limitar la adopción de estos autos en el futuro.

El Ministerio de Minas y Energía estima que para 2030 se requerirán 20.000 puntos de carga para satisfacer la demanda creciente. Esto implica una inversión significativa, que se estima entre 255 y 390 millones de dólares. Sin embargo, el ritmo de instalación de nuevos puntos de carga no ha logrado mantenerse al día con el aumento en la venta de vehículos eléctricos, lo que podría resultar en un cuello de botella en la adopción de esta tecnología.

Desde una perspectiva de inversión, el crecimiento en la demanda de vehículos eléctricos podría representar una oportunidad para los operadores de infraestructura de carga. A medida que más consumidores opten por vehículos eléctricos, la presión sobre la infraestructura existente aumentará, lo que podría incentivar a los operadores a acelerar sus planes de expansión. Además, la regulación en torno a la interoperabilidad de los puntos de carga podría facilitar una mayor adopción y uso de esta tecnología, lo que beneficiaría a los inversores en el sector energético y de transporte.

A futuro, es crucial monitorear cómo el gobierno colombiano implementará sus políticas para fomentar la interoperabilidad entre los puntos de carga, así como el avance en la instalación de nuevas electrolineras. La necesidad de una infraestructura robusta se vuelve imperativa, especialmente si se considera que el crecimiento en la venta de vehículos eléctricos no muestra signos de desaceleración. Las decisiones regulatorias y las inversiones en infraestructura serán determinantes para el éxito de la transición hacia una movilidad más sostenible en Colombia.