Las generadoras hidroeléctricas en Colombia han acumulado pagos por concepto de cargo por confiabilidad que alcanzan los $48 billones desde la implementación de este mecanismo en 2006. Este cargo, establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), busca asegurar la disponibilidad de energía eléctrica en situaciones críticas, como sequías prolongadas o fenómenos climáticos como El Niño, que se prevé afectará el suministro en el segundo semestre de este año. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, ha señalado que, a pesar de estos desembolsos, la efectividad del cargo en mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico es cuestionable.

El cargo por confiabilidad se traduce en un pago mensual a las empresas generadoras de energía por mantener sus plantas operativas y garantizar una cantidad mínima de energía firme, conocida como Enficc. Este componente se refleja en las facturas de electricidad, donde representa entre el 8% y el 15% del costo de generación, que a su vez equivale aproximadamente al 35% del total de cada kilovatio consumido. En este contexto, la discusión sobre la necesidad de encender plantas térmicas para mitigar el impacto del fenómeno de El Niño ha cobrado relevancia, especialmente ante las advertencias de Acolgen sobre la situación crítica de los embalses.

Desde la creación del cargo, el parque generador ha recibido un total de aproximadamente $92 billones, lo que plantea interrogantes sobre la distribución y uso de estos recursos. Julio César Vera, presidente de XUA Energy, ha enfatizado que estos fondos deberían ser utilizados para garantizar la operación de las plantas existentes y fomentar nuevos proyectos que fortalezcan la confiabilidad del sistema. En términos de pagos, el promedio mensual ha sido de $473.471 millones, con un pico de $596.718 millones en diciembre de 2022, lo que refleja la variabilidad en la disponibilidad de agua y la demanda energética.

La evolución de las obligaciones de energía firme ha mostrado un aumento significativo, pasando de 5.470 gigavatios hora al mes en noviembre de 2019 a 7.107 GWh en abril de este año. Este incremento se debe a la creciente brecha entre la oferta y la demanda, que se proyecta superará el 6% en 2026 y 2027. La entrada de proyectos de energías renovables, aunque positiva, no garantiza necesariamente la disponibilidad de energía en momentos críticos, lo que añade presión sobre el sistema.

Mirando hacia el futuro, la situación de los embalses es crítica, ya que el operador del sistema ha indicado que deberían estar al 80% de su capacidad, pero actualmente no superan el 65%. Esto plantea un desafío para la seguridad energética del país. Con las inscripciones de testigos electorales para las elecciones del 31 de mayo, el contexto político también podría influir en la toma de decisiones sobre la política energética. Los inversores deben estar atentos a cómo se desarrollan estos eventos y a las posibles implicancias en el sector energético, especialmente en un entorno donde la confiabilidad del suministro es cada vez más incierta.