El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ordenado al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, investigar las subcontrataciones de la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) en Perú. Esta decisión surge tras denuncias de que dichas subcontrataciones estarían beneficiando a financiadores de las campañas políticas de figuras de la derecha colombiana, como Federico Gutiérrez y Abelardo De La Espriella. Petro ha señalado que el dinero que recibe ISA en Perú proviene de fuentes extranjeras, lo que, de confirmarse, violaría las leyes colombianas sobre financiación de campañas electorales.

El mandatario ha expresado su preocupación por el impacto que estas subcontrataciones podrían tener en la integridad nacional de Colombia. Según Petro, si se confirma que el dinero extranjero está fluyendo hacia las campañas de la ultraderecha, esto no solo rompería la ley, sino que también podría implicar al gobierno peruano en la financiación de campañas electorales en Colombia. Esta situación se complica aún más al señalar que el expresidente de ISA, Juan Emilio Posada, quien ocupó el cargo durante el mandato de Iván Duque, podría estar detrás de estas irregularidades con el objetivo de sabotear proyectos del actual gobierno.

Petro ha mencionado que, bajo la gestión de Jorge Andrés Carrillo, ISA había logrado importantes contratos en Perú y Colombia, valorados en aproximadamente 1.000 millones de dólares cada uno. Sin embargo, tras la salida de Carrillo, que fue forzada judicialmente, las subcontrataciones en Perú habrían comenzado a favorecer a empresas vinculadas a los financiadores de campañas de la derecha. Entre estas empresas, Petro ha señalado a Cobra, que actualmente es la principal contratista de ISA en Perú y ha sido sancionada por daños en el proyecto Hidroituango.

La investigación que se llevará a cabo podría tener implicaciones significativas para el sector energético en Colombia y Perú, así como para la política electoral en ambos países. Si se determina que hay irregularidades en las subcontrataciones, esto podría llevar a una revisión de los contratos de ISA y afectar su reputación y operaciones en la región. Para los inversores, esto significa que deben estar atentos a cómo se desarrollan estas investigaciones y las posibles repercusiones en la estructura de gobernanza de ISA, así como en la estabilidad política en Colombia.

En el corto plazo, el 24 de mayo se cierran las inscripciones de testigos electorales para las elecciones del 31 de mayo en Colombia, lo que añade un elemento de urgencia a la situación. La atención se centrará en cómo estas investigaciones pueden influir en la percepción pública y en la confianza de los inversores en el sector energético, así como en el clima político general en la región. Los próximos días serán cruciales para observar la evolución de esta situación y su impacto en el mercado energético colombiano y peruano.