El Gobierno argentino está en la fase final de elaboración de un decreto que establecerá la reducción gradual de las retenciones al campo y a la industria. Se espera que este nuevo esquema comience a aplicarse en los primeros días de junio, con una disminución inmediata de los derechos de exportación para el trigo y la cebada, que pasarán del 7,5% al 5,5%. Esta medida busca no solo incentivar la siembra y las exportaciones, sino también enviar un mensaje político en un año electoral, donde la coalición de La Libertad Avanza busca reafirmar su apoyo en el sector agropecuario.

El anuncio fue realizado por el Presidente en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, brindó más detalles en una conferencia de prensa posterior. La soja, uno de los cultivos más relevantes para la economía argentina, verá una reducción más gradual de sus retenciones, comenzando con un descenso de 0,25% mensual hasta 2027, cuando se espera que la alícuota baje del 24% al 21%. Este enfoque escalonado podría facilitar una mayor previsibilidad para los productores, lo que a su vez podría estimular la inversión en el sector.

En el contexto actual, las ventas de maíz han alcanzado 26 millones de toneladas en lo que va del año, mientras que las de soja se sitúan en 14 millones, según datos de AZ-Group. La retención de granos por parte de los productores ha sido notable, impulsada por la expectativa de una baja en las retenciones. Esta estrategia de stockeo podría estar motivada por la percepción de que mantener la soja es más ventajoso que venderla, dado que los plazos fijos ofrecen rendimientos inferiores al 20% anual. En este sentido, la medida del Gobierno podría ser vista como un intento de alinear los intereses de los productores con los objetivos económicos del país.

Desde el punto de vista fiscal, la reducción de las retenciones implicará un costo de aproximadamente 1.200 millones de dólares. El Gobierno ha indicado que, si es necesario, podría aplazar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), aumentar impuestos a los combustibles y acelerar el recorte de subsidios al transporte para cumplir con un superávit primario del 1,4% del PBI en 2026. Este enfoque refleja la presión que enfrenta el Gobierno para equilibrar la necesidad de estimular el crecimiento económico con la obligación de mantener la estabilidad fiscal en un contexto de vencimientos de deuda que superan los 35.000 millones de dólares hasta finales de 2027.

A futuro, los inversores deben estar atentos a cómo estas medidas impactarán en la liquidación de divisas y en la dinámica del mercado cambiario. La expectativa es que la reducción de las retenciones, junto con condiciones climáticas favorables, podría resultar en una cosecha histórica y un aumento en las exportaciones, que se proyectan alcanzar un récord de 100.000 millones de dólares en 2026. Sin embargo, la capacidad del Gobierno para manejar la apreciación del tipo de cambio, con un dólar actualmente fijado en 1.400 pesos, será crucial para determinar el éxito de estas políticas en el corto y mediano plazo.