El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la reducción de las retenciones para el sector agropecuario seguirá un calendario prefijado y no dependerá del nivel de recaudación fiscal. Esta medida, que se extenderá hasta 2028, implica un costo fiscal de aproximadamente USD 1.200 millones. En una conferencia de prensa, Caputo detalló que la baja de retenciones se aplicará mensualmente para la soja y trimestralmente para otros cultivos como el sorgo, trigo y maíz.

El anuncio se produce en un contexto donde el presidente Javier Milei había anticipado previamente la medida, sugiriendo que la reducción de los derechos de exportación estaría vinculada a la evolución de los ingresos tributarios. Sin embargo, Caputo enfatizó la necesidad de establecer un cronograma fijo para evitar la especulación en el mercado. Este enfoque busca incentivar la liquidación de granos y mejorar la confianza entre el gobierno y el sector agropecuario, que es crucial para la economía argentina.

El costo fiscal de esta reducción comenzará en 2026 con USD 57 millones, y se espera que aumente a medida que se implementen las bajas. Al finalizar el esquema, las alícuotas se establecerán en 15% para la soja, 5,5% para el maíz y el sorgo, y 3% para el girasol. La continuidad de este plan dependerá de la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones presidenciales del próximo año, lo que añade un elemento de incertidumbre política al proceso.

Caputo también mencionó que esta reducción no requerirá ajustes en la meta de superávit primario acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que la recaudación ha mostrado señales de crecimiento en los últimos meses. Según analistas, el superávit primario para este año debería alcanzar un 1,4% del Producto Bruto, a pesar de que los ingresos fiscales comenzaron el año con caídas en términos reales. Esta situación resalta la delicada balanza que el gobierno debe mantener entre la reducción de impuestos y la necesidad de cumplir con sus compromisos fiscales.

En cuanto a las implicancias para los inversores, la reducción de retenciones podría generar un aumento en la actividad económica en las provincias productoras, como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, donde se concentran las terminales automotrices y los sectores petroquímico y de maquinaria. Esto podría traducirse en un incremento de las ganancias fiscales a nivel provincial, lo que podría beneficiar a los gobiernos locales. A futuro, será importante observar cómo se desarrollan las negociaciones con los gobernadores para una posible reducción general de impuestos y cómo esto impactará en la recaudación provincial y nacional.