El reciente informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet revela un alarmante aumento en la morosidad de las familias argentinas, que se ha multiplicado por cinco en el último año. En febrero, la irregularidad en los créditos destinados a hogares alcanzó el 11%, un incremento significativo que refleja el deterioro en la capacidad de pago de los hogares. Este fenómeno se produce en un contexto donde el aumento de los préstamos para consumo ha ido de la mano con una creciente dificultad para cumplir con las obligaciones financieras, lo que ha llevado a un aumento en los créditos irrecuperables, especialmente en préstamos personales y tarjetas de crédito.

La situación se agrava por el hecho de que, a pesar de la baja de las tasas de interés impulsada por el Gobierno, esta no se ha trasladado efectivamente a la economía real. Según el IIEP, las tasas activas que los bancos aplican al sector privado se mantienen elevadas, lo que dificulta la recuperación del crédito. La flexibilización de las condiciones monetarias por parte del Banco Central no ha logrado compensar el deterioro en la calidad de las carteras crediticias, lo que ha llevado a los bancos a endurecer las condiciones crediticias y mantener tasas altas para mitigar el riesgo de incobrabilidad.

El informe de EcoGo destaca que la proporción de préstamos clasificados como “irrecuperables” dentro de la cartera total de crédito no bancario se disparó del 2,6% en marzo de 2025 al 10,8% en marzo de 2026, cuadruplicándose en solo un año. Este aumento en la morosidad es un reflejo de la creciente fragilidad financiera de los hogares, donde el endeudamiento ya no se limita a financiar consumos, sino que se extiende a cubrir gastos básicos. La inflación acumulada en bienes y servicios ha modificado drásticamente la estructura del gasto familiar, con un incremento del 170% en bienes y del 362% en servicios desde diciembre de 2023.

Para muchos hogares, la necesidad de recurrir al financiamiento se ha vuelto imperativa. El crédito al consumo ha crecido un 57% desde diciembre de 2023, lo que indica que las familias están utilizando cada vez más préstamos para sostener su nivel de vida. El uso de tarjetas de crédito ha aumentado notablemente en supermercados, pasando del 39% al 43% de las operaciones totales, mientras que el uso de efectivo y débito ha disminuido. Este cambio en los hábitos de consumo refleja una dependencia creciente del crédito, lo que a su vez está alimentando un ciclo de endeudamiento que podría ser insostenible a largo plazo.

Los economistas advierten que, en este contexto, es difícil esperar que el crédito impulse la actividad económica en el corto plazo. La baja de tasas de interés podría no ser suficiente para estimular el consumo si la morosidad sigue en aumento. Además, existe el riesgo de que los ahorristas busquen refugio en activos en dólares si perciben que los rendimientos en pesos no compensan el riesgo cambiario. La situación económica actual plantea un dilema para el programa económico del Gobierno: acelerar la desinflación mediante tasas reales negativas o permitir una recuperación más fuerte del crédito y del consumo, aunque eso implique mayores tensiones cambiarias e inflacionarias.

Mientras tanto, sectores como la minería y los hidrocarburos continúan liderando el crecimiento económico, pero el consumo interno sigue sin mostrar señales firmes de recuperación. Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se desarrollan las políticas monetarias y fiscales, y cómo estas impactan en la capacidad de las familias para cumplir con sus obligaciones financieras. La evolución de la morosidad y la calidad de los créditos serán indicadores clave a seguir en el futuro cercano.